La Fiscalía Anticorrupción ha pedido un año y ocho meses de cárcel, cinco años de inhabilitación y una multa de 120.000 euros para el diputado del PP en el Parlamento canario Jorge Rodríguez, al que acusa de dos delitos de tráfico de influencias por el denominado "caso Europa".
Las Palmas de Gran Canaria, 5 nov (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción ha pedido un año y ocho meses de cárcel, cinco años de inhabilitación y una multa de 120.000 euros para el diputado del PP en el Parlamento canario Jorge Rodríguez, al que acusa de dos delitos de tráfico de influencias por el denominado "caso Europa".
Este caso, desgajado de la trama "Faycán", se centra en las comisiones ilegales que supuestamente abonó el Grupo Europa a políticos y empleados municipales entre los años 2003 y 2006 para conseguir la construcción de viviendas de protección oficial en Telde (Gran Canaria).
En su calificación provisional de los hechos, el fiscal anticorrupción Luis del Río acusa al diputado del PP de haber actuado de mediador de esa empresa y de haber recibido a cambio en esos años 64.000 euros, cuando estaba acogido al régimen de dedicación exclusiva como parlamentario.
De hecho, la Fiscalía sostiene que Jorge Rodríguez era "una pieza fundamental en los ilícitos proyectos" del socio mayoritario del Grupo Europa, el también procesado José Manuel Antón Marín.
El caso Europa es la pieza separada número 38 del caso Faycán, la trama de presunto pago de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde que desde 2006 investiga el Juzgado número 3 de esa ciudad, aunque su instrucción ha correspondido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la condición de aforado de Rodríguez.
Según el fiscal, el propietario del Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, efectuó pagos entre 2003 y 2006 a políticos y técnicos del Ayuntamiento de Telde por un importe de 240.000 euros.
El empresario Antón Marín se enfrenta a una pena de cinco años y seis meses de prisión por delitos de cohecho y contra el mercado y a los consumidores, así como al pago de una multa de 600.000 euros.
Además, figuran como imputados otras cinco personas, entre ellos el gerente de la empresa municipal de Telde Urvitel, Juan Carlos Saavedra, y su mujer Verónica García Melgar, y dos técnicos de ese ayuntamiento grancanario, José Luis Mena y Pedro Pablo Santana, que cuando ocurrieron los hechos eran responsables de Urbanismo y Patrimonio.
El quinto acusado es el extrabajador del Grupo Europa Francisco José Benítez Cambreleng, quien, antes de que el procedimiento se dirigiera contra él, colaboró activamente con los funcionarios policiales en la investigación de los hechos.
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, entre los años 2003 y 2004, Antón Marín se propuso desarrollar su actividad inmobiliaria en Gran Canaria, comenzando en los ayuntamientos, con el objetivo de conseguir la promoción de una gran cantidad de viviendas de protección oficial, y para lograr sus objetivos recurrió al pago de comisiones.
Según el fiscal, Antón Marín conoció en esas fechas al diputado Rodríguez, que además era un destacado miembro del PP en Canarias, y acordó con él, a cambio del pago de ciertas cantidades de dinero, que influiría en los ayuntamientos que eran gobernados por su partido para que contratasen con su sociedad Gestión de Cooperativas Europa, dedicada a la gestión y promoción inmobiliaria.
En declaraciones a Efe, Jorge Rodríguez ha señalado que, tras seis años de investigación, "por fin ve la luz", pues considera que ahora tendrá la oportunidad de exponer su versión de los hechos.
Rodríguez ha declinado hacer cualquier tipo de valoración sobre las acusaciones, porque se reserva hasta el día de la vista oral, cuando hablará "muchísimo". EFE