“La Ley del Suelo es la de mayor alcance en cuanto a su poder de condicionar el futuro de Canarias”, señaló el director de la Fundación César Manrique, Fernando Gómez Aguilera, al inicio de la mesa redonda “¿Ley del suelo? Canarias no es un solar. Presidentes por un territorio sostenible”, en la que participaron dos ex presidentes del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero y Román Rodríguez, y un ex presidente del Cabildo de Lanzarote, Enrique Pérez Parrilla. Asistieron al acto, en la sede de Taro de Tahíche, el actual presidente del Cabildo lanzaroteño, Pedro San Ginés; la ex consejera del Gobierno de Canarias, Inés Rojas; el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo; y la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, entre otros cargos públicos. Gómez Aguilera aseguró que esta Ley supone una amenaza porque plantea un modelo de crecimiento insostenible, “al servicio de la oligarquía económica”: “Esta es la Ley de lo que no se puede, donde no se puede, para los que siempre pueden”, dijo.

Paulino Rivero comenzó su intervención reconociendo que existe un consenso en que hay que llevar a cabo una agilización, una simplificación administrativa. “Creo en Canarias —aseguró— como país, como patria, y esta Ley no refuerza la idea de cohesionar Canarias sino todo lo contrario. Ayuda a dispersar, a desintegrar, lo que es un proyecto común en el Archipiélago”. También consideró que la Ley no apuesta por una Canarias sostenible y aludió “al desequilibrio entre la capacidad que tiene nuestra economía para generar empleo y nuestra población”. Recordó que, en 2004, se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Canarias la “Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020”, respaldada por la Unión Europea, en la que se definen los sectores estratégicos a impulsar para activar y diversificar la economía “y se descartaba la construcción” por ser un depredador de suelo, mientras que la Ley del Suelo quiere activar la construcción de nuevo. Según Rivero, en el Archipiélago hay posibilidad de mantener los 140.000 empleos que genera el sector de la construcción, pero con la rehabilitación. Destacó, no obstante, que si la Ley permite construir hoteles en suelo rústico, “va a ser esa la reorientación de la inversión empresarial y no la rehabilitación”. También aseguró que está a favor del control público de los sectores claves como el territorio, y que la apuesta de esta Ley es “ultraliberal”. Señaló que es un defensor del paisaje “como valor añadido al turismo, un sector estratégico, y la Ley no protege el paisaje porque permite el desarrollo en suelo rústico”. Al final de su primera intervención, destacó que él es un “municipalista y cabildista convencido”, pero que entre las competencias que deben pasar a instancias superiores están las del territorio evitando así las presiones más inmediatas en el ámbito municipal.

Más tarde afirmó que la Ley está hecha con buena voluntad “pero va a generar más problemas de los que va a resolver porque el crecimiento económico inmediato será un lastre en el futuro”. Comparó esta situación con las protestas en toda Canarias contra el petróleo y dijo que no es coherente luchar contra el riesgo del petróleo y apostar ahora por consumir suelo, que es un bien no renovable. Terminó sus intervenciones diciendo que no recuerda “una norma tan aplaudida a rabiar por las organizaciones empresariales. Si esta gusta tanto a los poderes económicos, no puede ser buena socialmente”.

Román Rodríguez aseguró que “a Paulino le costó el puesto el petróleo”, y recordó protestas medioambientales en Canarias, como las de El Rincón, Veneguera o Vilaflor, y dijo que “la Ley del Suelo está muy por encima de cualquiera de esas protestas”. Destacó que la Ley “se ha hecho en los despachos de los juristas de cabecera y se ha construido al margen del análisis, del diagnóstico, y de la participación”, y que no le han gustado ni las formas ni el procedimiento para disponer de un calendario tranquilo, tener tiempo y escuchar a todos (políticos, expertos, empresarios, sindicatos, ambientalistas…) al contrario que en el País Vasco, donde van a revisar sus Directrices, con un plan de diagnóstico y un plan de participación ciudadana durante tres años. Aseguró que ninguna ley modifica por sí sola la economía porque el problema es estructural, y criticó que se usen elementos emocionales para buscar apoyos a la Ley, como la aparente protección de agricultores o ganaderos. Dijo, igualmente, que la Ley “tiene un 85 por ciento de cosas buenas” porque compendia leyes elaboradas en los últimos 35 años pero otras van a tener efectos muy nocivos: la Ley “renuncia al proyecto común de Canarias” porque desmantela las competencias sobre el territorio —competencia exclusiva de nuestro Gobierno de Canarias—, deroga las Directrices y elimina la Cotmac. Según el presidente de Nueva Canarias, “no va a haber control de legalidad previo porque se deja todo el poder a los ayuntamientos, que no tienen estructura ni capacidad para afrontarla y acabará todo en manos de los tribunales, que no son ágiles: no será Canarias un solo pueblo, sino Canarias 88 pueblos”, afirmando que no es la construcción nacional de Canarias sino la construcción cantonal de Canarias. “Esta Ley apuesta por el urbanismo de proyectos en lugar de por la planificación, que es una conquista de la democracia”.

Alertó de que en suelo rústico se va a poder hacer cualquier proyecto (hoteles, instalaciones turísticas, instalaciones industriales, equipamientos de ocio…) y de que el turismo desplazará en ese suelo a las actividades tradicionales: “es cuestión de años porque hay demanda turística de sobra”. Criticó que Clavijo promueva esta Ley cuando ha sido incapaz de aprobar un Plan General en La Laguna, ciudad de la que fue concejal de Urbanismo y alcalde los últimos ocho años. Sobre la posibilidad de retirar o enmendar la Ley, afirmó que la votarán CC, PP y PSOE con alguna mejora poco significativa, y que esta Ley, junto con la Ley de las Islas Verdes y la Ley Turística en tramitación, que elimina todo tipo de restricción sobre los suelos calificados, se convierten en “una bomba nuclear”.

Por su parte, Pérez Parrilla empezó su intervención señalando que “no hemos aprendido nada” porque “cuando casi era doctrina la contención del territorio, llega el proyecto de Clavijo, que no cuenta con nadie; parece increíble que esto esté pasando en 2016”. Aseguró que el hecho de que los ayuntamientos no vayan a tener capacidad para afrontar la Ley está pensado a propósito “porque hay grupos empresariales que tienen más abogados que funcionarios hay en un ayuntamiento” y, a base de querer eliminar las trabas administrativas, “en Canarias va a ser más fácil actuar sobre el territorio que abrir un bar”. “El suelo no va a resolver nuestros problemas”, defendió, apuntando que los que facilitaron la burbuja inmobiliaria son los mismos que están presionando para que se apruebe esta Ley, que acabará con la eficacia de los planes insulares.

Gómez Aguilera leyó un texto y una breve carta, enviados para la ocasión, del ex presidente del Cabildo de El Hierro, Tomás Padrón, que había sido invitado a la mesa redonda, pero que finalmente no pudo asistir, en los que señalaba que la Ley está hecha “sin alma canaria y con corazón de euro”, y se preguntaba si en Canarias se quiere un turismo basado en el hormigón o en el paisaje y si la Ley prevé algo sobre la innovación o la soberanía energética. Añadía en su escrito que “cuesta comprender las prisas y la falta de debate social cuando vemos en la prensa que batimos cada año records de turistas”.

El director de la FCM también planteó que Clavijo paradójicamente asocia una Ley estructural a la coyuntura y las oportunidades económicas actuales y se preguntó si “en unas islas hiperdesbordadas es necesaria esta ley desarrollista y neoliberal”, que “calca la Ley del Suelo de Aznar de 1997”, para reorientar la economía canaria. Reconoció que hay problemas administrativos y legislativos que hay que solucionar, pero que la Ley del Suelo desborda esos problemas y encubre un cambio radical del modelo de gestión sostenible del territorio consensuado en la Islas iniciada desde la creación de la Autonomía. Ahora, “la receta del grupo de Gobierno es la desregulación, la liberalización y un crecimiento sin límites porque el objetivo es llegar a veinte millones de turistas”.