Los grupos parlamentarios de Nueva Canarias y Podemos organizaron el pasado miércoles 13 de julio una jornada de trabajo sobre la Ley del Suelo en la que participaron como ponentes el director de la Fundación César Manrique (FCM), Fernando Gómez Aguilera, y el catedrático de Derecho Urbanístico en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Carmelo Padrón. Ambos fueron invitados por Nueva Canarias y Podemos para analizar el proyecto de Ley del Suelo, una ley determinante para el futuro próximo de Canarias.

El encuentro, celebrado en sede parlamentaria y abierto a los medios de comunicación, se prolongó durante dos horas y media. Al mismo asistieron todos los diputados de Nuevas Canarias y de Podemos, además de los diputados del PSOE Gustavo Matos y Gabriel Corujo Bolaños.

En su exposición, el director de la FCM trasladó a los diputados la necesidad, por diversas razones que expuso, de elaborar una nueva ley del territorio. Pero al mismo tiempo señaló que no es esta ley en tramitación la que se necesita porque no era necesario cambiar drásticamente el rumbo de los principios que habían orientado las políticas territoriales en Canarias desde 1985, cuyas leyes hasta 2003 fueron aprobadas siempre por unanimidad en el Parlamento.

Gómez Aguilera criticó el desenfoque metodológico de la ley, vacía de un diagnóstico de alcance compartido y sin un proceso de participación ciudadana plural y activo. “Nos encontramos con una iniciativa que el Gobierno traía bajo el brazo, cerrada, urgente, con las ideas muy claras de qué y para quién la quiere hacer. Parte de una visión e intereses concretos, definidos de manera unilateral y alejados del interés general”, indicó.

Salió al paso de los pretendidos argumentos empleados por el Gobierno para justificar la ley (maraña legislativa, creación de empleo e inseguridad jurídica), que calificó de falaces y eufemísticos. “Fernando Clavijo asegura que va a crear entre 15.000 y 20.000 empleos con una inversión de 1.000 millones de euros procedentes del Banco Europeo de Inversiones. El Plan Junker, con una inversión de 640 meuros, apenas ha conseguido crear en España 5.000 empleos, 3.000 de ellos temporales. El Gobierno hace un diagnóstico erróneo, interesado y demagógico. Esta ley no es el instrumento para crear empleo sino para suprimir controles de legalidad, desregular y recomponer la economía a favor de minorías organizadas en torno al poder económico”.

El director de la Fundación César Manrique dedicó el grueso de su intervención a analizar lo que la FCM considera tres asuntos centrales de la ley, que quiebran el modelo territorial y rompe los consensos construidos: la redistribución de competencias, los instrumentos excepcionales al margen del planeamiento y el desbordamiento del suelo rústico. Criticó la renuncia a las competencias autonómicas de planeamiento por parte del gobierno, que “está obligado a garantizar la cohesión territorial y social de las islas, sobre todo en territorios fragmentados que compiten entre sí”.

Subrayó que el traslado de competencias a los ayuntamientos, que podrán aprobar su propio planeamiento y hacer la autoevaluación ambiental, provocará indudables distorsiones, entre ellas dificultades técnicas, sobrecargas de trabajo, responsabilidades patrimoniales, aumento de presiones y una extraordinaria conflictividad jurídica con costes para los ayuntamientos.

La FCM advirtió en su intervención de la sustitución del urbanismo del plan por el urbanismo de proyecto. “El peso que se concede en la ley a los instrumentos excepcionales de intervención es motivo de preocupación jurídica. Los Tribunales ofrecen reservas ante este tipo de urbanismo” y aludió a pronunciamientos del Supremo y a reparos del propio Consejo Consultivo de Canarias. Las consecuencias de esta estrategia de rebajar el nivel de las administraciones competentes será la desigualdad entre municipios, la disparidad de soluciones, la desordenación y la desintegración de canarias como Gobierno del territorio.

Criticó, asimismo, el vaciamiento de contenido de los Planes insulares, que no estarán habilitados para tomar decisiones de carácter urbanístico, que perderán de facto su capacidad para la zonificación turística y que no podrán ordenar las actividades socioeconómicas con incidencia territorial. “No se entiende para qué sirven entonces los planes insulares de ordenación, condenados a la irrelevancia. Es un absurdo”, concluyó.

Por último, al ocuparse del tratamiento del suelo rústico, Gómez Aguilera puso en tela de juicio lo que se está repitiendo de que no se va a consumir más suelo urbanizable: “Es radicalmente falso”, afirmó, “Se plantea la necesidad de nuevo suelo industrial en cada municipio (se dispone en la actualidad 7 millones y medio de m2 de reserva), se declara inextinguible el suelo urbanizable turístico y se podrá convertir en suelo urbanizable de pleno derecho el suelo urbanizable no sectorizado”.

Señaló que el suelo rústico se verá extraordinariamente afectado por el cambio de usos, pues se podrán incorporar usos deportivos, científicos, docentes, de ocio, además de usos no ordinarios como los residenciales, turísticos, de equipamientos o servicios, industriales, sanitarios…. Las consecuencias serán, a su juicio, el aumento del precio del suelo rústico (en la actualidad 6 veces por encima de la media del Estado), la degradación ambiental, los “pelotazos”, el acoso a la actividad agraria y las tensiones especulativas.

Concluyó indicando que la ley significa romper con la cultura del territorio institucional acumulada en Canarias por consenso: “desmantela avances históricos en materia de territorio, descose Canarias y renuncia al control de la legalidad por parte del Gobierno a favor de los Tribunales de justicia va a suponer la eliminación de garantías que habían dado relativa seguridad a las corporaciones locales”.

Cerró su intervención considerando el proyecto de ley como una involución que concibe el territorio como mercancía, que hará regresar al desarrollismo y aumentará el deterioro de los paisajes perjudicando al desarrollo del sector primario y al turismo. Y reclamó un pacto por el territorio entre las fuerzas políticas.