La diputada, Águeda Montelongo, ha anunciado esta mañana en el transcurso del Pleno del Parlamento que el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno de Canarias había presentado en el año 2008 en el que reclamaba la competencia ejecutiva para otorgar las autorizaciones de explotación y permisos de investigación de hidrocarburos en el Mar Territorial.

“Se trata de un nuevo varapalo, y ya van tres, al Gobierno de Canarias en su cruzada política en contra de unas prospecciones petrolíferas que pueden traer muchos beneficios para los canarios”, asegura Montelongo.

En el año 2008, el Gobierno de Canarias interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 3.2.b) de la Ley 12/2007 entendiendo que, como el mar forma parte del territorio de la Comunidad Autónoma Canaria, a ella debe corresponder la competencia para otorgar las autorizaciones y permisos de investigación de hidrocarburos en el subsuelo marino, como parte de su territorio archipielágico.

El Tribunal Constitucional es claro: el territorio autonómico canario se extiende al ámbito de los municipios que integran la correspondiente Comunidad y éstos nunca se han extendido ni se extienden hoy al mar territorial, ni si quiera después de la modificación del término “archipiélago”, incluido en el Estatuto de Autonomía de 1996 en sustitución de “territorios insulares” y que, según el Gobierno Canario, incluye a las islas y al mar.

“No se puede seguir engañando a los canarios con leyes inventadas que no corresponden más que con ideales soberanistas moribundos que nada tienen que ver con beneficios y creación de empleo”, denuncia Montelongo en alusión a la Ley de Aguas Canarias “vendida” por Coalición Canaria y el Partido Socialista antes de las elecciones.

“El Constitucional ha sido muy claro: ni en el Estatuto de Autonomía se incluye una referencia explícita al mar que rodea las islas, ni las aguas canarias aunque sean archipielágicas, forman parte del territorio según la Ley del Mar y el Derecho Internacional”, denuncia Montelongo.

“Lo que sí es de su competencia es hacer hospitales, colegios y crear marcos económicos que permitan la creación de empleo. Y las prospecciones petrolíferas son una oportunidad para la diversificar la economía canaria sin renunciar al turismo y al fomento de las energías renovables”.

Montelongo ha exigido al Ejecutivo Canario que deje de mentir sobre el proyecto y de “hacer un ridículo internacional” en relación a la misiva que el Presidente del Gobierno de Canarias envió a la ONU.

“No es posible que PROEXCA, una empresa pública canaria, haya ido a Tejas a buscar plataformas para traerlas a nuestros muelles si éstas no generan riqueza”.

“Tampoco es posible que, en los boletines de PROEXCA, se señale que la economía y las oportunidades de empleo en Guinea Ecuatorial han aumentado gracias a la industria petrolera y, en Canarias, se diga a los ciudadanos que no van a generar beneficios a nuestra economía”.

La diputada majorera insta al Gobierno de Canarias a que continúe en la senda del diálogo y “abra fronteras” en relación a las prospecciones petrolíferas.

“Marruecos ya lo está haciendo y le ha tendido la mano para proyectos de cooperación en la industria. El riesgo para el turismo ya existe y el sector aún no se ha desplomado con las prospecciones y catas marroquíes. Sean sensatos”.

Sentencias en contra del Gobierno de Canarias

El pasado 4 de junio, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Tercera, desestimó los incidentes de ejecución de sentencia promovidos por El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, resolviendo que “el Real Decreto 1462/2001 no fue declarado nulo en su totalidad sino de modo parcial” y que con el Real Decreto 547/2012 aprobado por el Consejo de Ministros “no se ha tratado de eludir sino de dar cumplimiento a la sentencia corrigiendo la omisión destacada por la Sala”. 

El 6 de junio, un nuevo auto del  Tribunal Supremo rechaza conceder la suspensión cautelar de dicho Real decreto, porque entiende que las medidas de protección y evaluación de impacto que el Ministerio de Industria ha exigido al operador no permiten inferir que se vaya a ocasionar un daño al medioambiente que resultase irreparable si finalmente el Gobierno canario tuviese razón.

Y añade que, "siendo incuestionable el valor ecológico de las Islas Canarias y la relevancia del sector turístico, pesquero y portuario para su desarrollo, no cabe eludir que la producción y explotación de hidrocarburos representa un factor económico de especial significación para definir la riqueza de un país, que requiere promover la investigación de yacimientos de esta clase de recursos en áreas concretas", como marca la Ley de Hidrocarburos.