La mesa redonda Ley del Suelo y límites de seguridad jurídica, celebrada este jueves, 15 de junio en la sede de la Fundación César Manrique (FCM), abordó uno de los aspectos “que más preocupación suscita”, en palabras del director de la FCM, Fernando Gómez Aguilera, que calificó la Ley que pretende aprobar la próxima semana el Parlamento de Canarias, como “desarrollista, agresiva y desreguladora”. Advirtió que tendrá efectos inmediatos y potentes en cuanto a la generación de derechos indemnizatorios.
El magistrado del Tribunal Supremo, José Suay, ejerció como moderador de los tres ponentes: Javier Díaz-Reixa, jurista y experto en la elaboración de instrumentos de ordenación territorial; Manuel Sarmiento, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Santiago Pérez, concejal de La Laguna y profesor de Derecho Constitucional. En la primera intervención se solicitó a los ponentes una valoración general. Díaz-Reixa señaló que la Ley nace de un diagnóstico sesgado que da como resultado un proyecto liberalizador, mientras que para Sarmiento, uno de los aspectos más cuestionables es la aprobación de los planes generales por parte de los ayuntamientos y el hecho de vaciar de contenido algunos instrumentos de ordenación territorial. También destacó que la seguridad jurídica puede quedar “malparada” ya que la Ley nace sin consenso. Santiago Pérez resaltó que han sido las presiones empresariales las que han llevado “al Gobierno de Canarias más débil que ha habido” a querer aprobar este proyecto, con 33 votos a favor, que representan a 344.000 votantes y 27 en contra que representan a 410.000. En su primera intervención ya alertó de que no se han tenido en cuenta las competencias en medio ambiente de la Unión Europea y que la Ley abandona “un criterio de sensibilidad medioambiental siempre presente en la legislación canaria”. “La Ley va a suponer un incremento hasta el infinito de la discrecionalidad de los poderes públicos”, aseguró.
Otras comunidades, como Galicia o Cantabria, están desarrollando leyes similares, motivadas por un contexto de crisis económica, “pero Canarias va más allá”, según Sarmiento, no solo por las competencias que otorga a los ayuntamientos sino, sobre todo, por la eliminación de controles sobre el suelo rústico, donde se configuran como usos ordinarios el deportivo o el de investigación para universidades (públicas o privadas) y la Ley argumenta que se pone en valor este tipo de suelo para generar renta complementaria al sector primario.
Para muchos ayuntamientos será difícil aprobar su planeamiento. La Ley traerá problemas “prácticos”, según Díaz-Reixa, que señaló que los técnicos municipales y los expertos en planificación están muy preocupados por su aplicación. Recordó que las Directrices se aprobaron por unanimidad y ahora se van “a demoler de forma exprés, se va a desmoronar todo un intento de racionalización de la ordenación territorial”.
La Ley recoge la posibilidad de aprobar proyectos mediante su valoración como “de interés singular, local o autonómico”. Para Santiago Pérez, esa derogación de la propia Ley para aprobar estos proyectos “es un ataque directo al sistema de Derecho” porque se podrá aprobar casi cualquier propuesta, en casi cualquier tipo de suelo, y además si el proyecto es de interés público (que puede ser un proyecto privado disfrazado), desencadena un proceso de expropiación “que a va a caer sobre los pequeños propietarios”. “Esto es una vuelta atrás, no ocurría ni con los Reyes Católicos”, dijo. También destacó que el Consejo Consultivo de Canarias puso “serios reparos” a la derogación de las Directrices y que el informe de los servicios jurídicos del Gobierno fue muy crítico con el documento. Frente a esto, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, lo que hizo fue pedir un contrainforme a los propios redactores de la Ley del Suelo que concluye que las Directrices sólo son un conjunto de recomendaciones. “Si el autogobierno tiene algún sentido es por su capacidad para ordenar el territorio y con él las actividades humanas”, señaló, mientras que con esta Ley, “el Gobierno renuncia a su responsabilidad, cuando, sin embargo, no es una potestad, sino que está obligado a ejercer esa competencia”.
La justificación para la Ley se sostiene, según señaló Sarmiento, sobre dos mitos: la autonomía municipal, que no es infalible porque “se pueden crear partidos de paja para aprobar proyectos”, y por otra parte, la judicialización, es decir, que el control de legalidad lo hagan los tribunales. “Pero hay situaciones que son irreversibles”, apuntó. Pérez ya había señalado anteriormente que muchos planeamientos se aprobarán sin garantías y tendrán que ser los tribunales los que decidan sobre su legalidad “cuando las transformaciones sobre el territorio sean irreversibles”. El moderador, José Suay, intervino diciendo que las garantías, en las leyes, son un contrapeso a la discrecionalidad, mientras que los tribunales sólo corrigen los excesos pero actúan tarde: “Esto lo saben bien en Madrid, en Marbella o en Lanzarote”, apuntó.
Díaz-Reixa aseguró que los ayuntamientos ya se preguntan quién va a hacer los informes ambientales que exige la Ley y Pérez dijo que la evaluación ambiental no la puede encargar el mismo órgano que tramita el planeamiento “porque el que paga, manda”. Subrayó que con esta Ley se pone al territorio como un ingrediente más de la política económica y que los grupos de presión no tienen por qué crear hacer un partido para aprobar un Plan, “si ya tienen uno para hacer una ley, que es más importante”.
La mesa redonda abordó las consecuencias de la Ley del Suelo sobre los planes insulares
de ordenación. Para Díaz-Reixa, la consecuencia es que “los desmantela” y elimina la posibilidad de desclasificar suelo. También destacó que los espacios naturales de las islas forman parte de la Red europea Natura 2000 y que la interpretación de la normativa no pertenece a los Estados y eso va a genera conflictos. En el mismo sentido, Santiago Pérez dijo que va a haber tantas interpretaciones de la Ley como municipios, por un entendimiento “insensato, primitivo y simplón de la autonomía municipal” y afirmó que hay material para estudiar un recurso de inconstitucionalidad. “Si se pone un recurso contra la Ley, muchos promotores se lo van a pensar. “Hay que involucrar a los jueces españoles para que ejerzan como jueces europeos, que también lo son, porque tienen la capacidad para inaplicar las normas si éstas son contrarias al Derecho europeo”.