El mío es un país no reconocido por los agringados navegadores y si, por casualidad, no figura el epígrafe de “otros” me veo obligado a elegir como propio uno que no lo es, por ejemplo España, aunque pueda optar por las islas Fiji o por Tuvalu. En el pasaporte o en el carnet de conducir pues más de lo mismo, pero ahí ya lo de “España” es una imposición sin alternativa. Así resulta que, viviendo y perteneciendo étnicamente a unas islas de las que el arcediano Viera afirmaba que “todos cuantos tienen alguna mediana tintura de geografía saben que estas Islas pertenecen al África”, me veo obligado a esa no deseada españolidad que me inferioriza como pueblo.

España, a pesar del rebumbio que han organizado desde allá con el guineo de la “Marca España”, no pasa de ser, como decía Secundino, “la madrasta arbitraria” y su importancia relativa en el concierto de naciones va, cada vez, con su esperpéntica sumisión a la Merkelandia,  menguando más aceleradamente. Aún así, y negando esa pretendida españolidad,  debemos entender que, obligatoriamente y de forma manu militari si es preciso,  todo lo negativo que acontece en la metrópoli repercute multiplicado en la colonia, por lo que los colonizados ni podemos ni debemos sustraernos al devenir metropolitano. Que se lo pregunten a nuestros parados con una tasa del  34,27% (EPA 2013) superior en 7,11 puntos a la de España y ¡23 puntos por encima de la media de la zona Euro! o, mejor aún, preguntémosle a nuestros jóvenes con una tasa del 70% de paro para menores de 25 años, nada menos que 27 puntos por encima de la española. Pagamos el precio de una triple opresión: la de una lumpenburguesía criolla,  la de una metrópoli mendicante en una Europa que va dejando a marchas forzadas de ser próspera y la omnipresente gringa que, no por ser la más alejada es menos opresora, pero todavía hay en esta heptainsulana patria quien reafirma nuestra fementida “españolidad” y la aberración geográfica de denominar como la “Europa del Sur” a nuestra situación sahariana. No se me venga a decir que “democráticamente” hemos decidido en cualquiera de las elecciones “democráticas” realizadas en esta colonia africana nuestra españolidad supuesta. Canarias fue ocupada por la fuerza de las armas y por un siglo de luchas y no por la fuerza de unos votos y se mantiene, no por unos votos que la misma Constitución del estado no permite, sino por la fuerza ejercida de múltiples formas que obliga al mantenimiento de esa españolidad por encima de cualquier planteamiento verdaderamente democrático de desespañolizar este territorio ultramarino. La “democracia” del inconcluso Estado Español se acaba justo cuando se pone en cuestión a ese estado.

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Aún con todo ello tenemos que entender que la clase trabajadora española está a su vez, también sometida a explotación. Algunas de las llamadas “provincias” -como Extremadura- no dejan de ser colonias interiores por su método de explotación, salvando que ni están en otro continente ni fueron invadidas y conquistadas por una potencia extranjera. Sus naturales se ahorran por ello la opresión nacional pero, muchas veces, juguetes en manos de sus expoliadores, se convierten a su vez en opresores de los territorios no metropolitanos. Son cosas de la colonialidad, pero también de la ausencia de la solidaridad de clase a la que han sido propensos frecuentemente los trabajadores de la nación colonizadora.

Muchas veces se justifica esa postura en base a la supuesta contradicción entre el nacionalismo que pueda practicar el trabajador del país colonizado y el internacionalismo que se supone al trabajador foráneo. Ya Engels había sintetizado la dicotomía nacionalismo/internacionalismo para las clases trabajadoras con una escueta frase:“Cuanto más nacionales sean los polacos, más internacionales serán”  pero no tenemos siquiera que recurrir a los clásicos del pensamiento marxista y sus análisis de la relación entre trabajadores de las metrópolis y los de las naciones sometidas, como eran los casos de Irlanda/Inglaterra o Polonia/Rusia, para entender con claridad que el internacionalismo de las clases trabajadoras debería obligar a todo trabajador, autóctono o foráneo, que desarrolle su actividad en una nación colonizada a apoyar con su lucha la emancipación nacional, la  independencia, y no solo como un paso necesario hacia el socialismo que no podrá lograrse con un pueblo oprimido y sobreexplotado y una lumpenburguesía dependiente –burguesía burocrática que vive a la sombra de la metrópoli- sino como parte fundamental de la aspiración humana a la libertad con dignidad.

Justo en este momento de la historia, con una Europa que se ha despojado de vestiduras progresistas y se aleja cada vez más del ideal de justicia social, de solidaridad y de igualdad del que hacía gala y con una España lacayuna que mendiga mendrugos de la mesa neoliberal, la independencia nacional se convierte en la cuestión política clave para todas las clases sociales y para el futuro de nuestra patria por encima de los intereses espurios de las burguesías que obtienen su lucro de la perpetuación de la explotación colonial y, si las burguesías canarias renuncian a su posible papel revolucionario como motor en la lucha por la liberación nacional, tendrán que ser las clases trabajadoras las que impulsen ese proceso de liberación y, justamente en nombre del internacionalismo proletario, unir a ese proceso a todos los trabajadores, canarios o foráneos, sin distinción de origen. En una colonia como Canarias, la de Nacionalismo vs Internacionalismo es una falsa disyuntiva.

En Canarias, por su condición de islas ya superpobladas es imprescindible regular la entrada de foráneos, No es cuestión de xenofobia sino de mera supervivencia, pero el enemigo real para los trabajadores canarios no es el trabajador que viene de fuera. Es el de cualquier clase social, canario o extranjero, que no luche por la libertad de esta tierra de la que extrae su sustento.

Gomera, Canarias  junio 2013