Dice un intimidatorio proverbio que: "El hombre es dueño de sus silencios y 'esclavo' de sus palabras", lo que no deja de ser cierto...
Pero yo, que tengo incontinencia verbal, que digo lo que pienso y pienso lo que digo, hago caso omiso a esa velada advertencia y seguiré denunciando por todos los medios a mí alcance la canallesca e infame -sostengo una vez más- indefensión politico-juridica en la que está atrapada Canarias, como consecuencia del devastador colonialismo español.
Es, nunca mejor dicho y ahora que los graves problemas van del Covid 19, el "colonia virus". Un pernicioso germen patológeno, de amplio espectro, que España inoculó en el pueblo canario, en dosis progresivas, y que se manifiesta en el alienante y paralizador "síndrome del colonizado".
Y ahora más que nunca, cuando padecemos el confinamiento sanitario del corona virus, y vemos la mejorable gestión de la pandemia que se ha hecho en Canarias, siguiendo los dictados del Gobierno español a 2.000 Km de distancia, la pregunta es obligada: ¿Es realmente libre el pueblo canario para tomar sus propias decisiones en función de sus legítimos intereses?
Además de este "arresto domiciliario", el pueblo canario (sobre todo los auténticos y verdaderos nacionalistas) somos objeto de una libertad vigilada, como si estuviéramos sujetos, sin ser delincuentes al Art. 106 del Código Penal español, y que se nos aplica de forma masiva y subrepticia para tenernos a todos controlados, y aquí no se mueve ni Dios.
Está descripción metafórica es perfectamente válida para describir el actual estado de cosas en Canarias. Porque no sé es libre solo por votar. La auténtica libertad consiste en la verdad; sin verdad, por muy dura e inasumible que ésta sea, ningún ser humano es realmente libre.
Las relaciones de Canarias con España, aparte del contencioso histórico de nuestra ficticia "españolidad" mantenida en el tiempo de forma coercitiva, han estado siempre presididas por los agravios comparativos capitalinos (divide y vencerás), por grandes mentiras, perversos engaños y continuas traiciones que ha sido históricamente el modus operandi de España que actúa como un Estado forajido que no cumple las Resoluciones de la ONU ni respeta los Acuerdos internacionales que firma.
Es el momento de cortar amarras. ¡¡Ahora o nunca!!
Porque para cualquier analista riguroso e independiente que se precie, sea cual sea su credo o ideología, que haya nacido y viva en Canarias, y que ame a esta tierra por encima de todo existe un hecho evidente que condiciona el devenir del pueblo canario y que no se puede ocultar por muchos subterfugios lingüísticos y eufemismos al uso que utilizan políticos y medios de comunicación afines, que sirven de correa de transmisión del depredador colonialismo español que nos saquea hace siglos.
Se trata de un auténtico y poderoso "lobby" pro español, omnipresente en todos los estamentos de la sociedad canaria, que impone con su presencia intimidatoria y coactiva el actual status quo (los tres Ejércitos, Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, con sus correspondientes servicios de inteligencia, así como la Justicia con mayoría de jueces y fiscales españoles); y por otro lado, las franquicias canarias de los partidos nacionalistas españoles (PSOE, PP, Cs, VOX y Podemos), y los partidos pseudo nacionalistas de CC, NC, PNC y otros grupúsculos; aparte de numerosas instituciones como las RSEAP y otras, que son los colaboradores necesarios que España necesita para seguir perpetuandose en la colonia y seguir imponiendo la artificiosa "españolidad de Canarias". O sea esa España, una vieja y rancia nación europea, decrépita y decadente, con muy poca credibilidad internacional; sumida en una profunda crisis económica, sigue manteniendo a toda costa un enclave en África (sin contar Ceuta y Melilla, en territorio marroquí); situación contraria y opuesta a la legalidad internacional, y que España conculca una y otra vez.
Y cuando en la metropoli, una "democrática" partitocrácia, la Política está judicializada, la Justicia politizada (dividida por el corporativismo de jueces conservadores y jueces progresistas), y al Fiscal General del Estado lo nombra el Ejecutivo en lugar de la Carrera Fiscal (lo que pone en evidencia la obligada independencia y asepcia ideológica del cargo).
Todo ello pone de relieve que en España no hay separación de poderes, como propugnara Montesquieu, y tal como corresponde un verdadero y auténtico Estado de Derecho. Sin olvidar esa Monarquía corrupta y no representativa, que no fue plebicitada sino impuesta por la Constitución de 1978 mediante la forma subrepticia de "Monarquía"
Parlamentaria".
A ese país, firme candidato a "Estado fallido", es al que quiere seguir unido el pueblo canario?
Cuando va a recuperar este pueblo su dignidad?
Ramon Moreno Castilla – Archipiélago Canario, 17.04.2020