El litoral de Arrecife se encuentra ante una amenaza potencial que pone en grave riesgo su supervivencia. El impacto medioambiental de toda la actividad proyectada para el frente marino de la capital sería de tal calibre que supondría el golpe final a una ciudad muy tocada tras las crisis socioeconómicas de los últimos tiempos.

En febrero de este año el Gobierno de Canarias aprobó la ordenación de la zona de interés acuícola de Lanzarote (ZIA LZ-2). Esto supone que se podrán instalar estructuras marinas para la producción en jaulas en más de nueve kilómetros de costa. Afectará al frente litoral de los municipios de Teguise, Arrecife, San Bartolomé, Tías y Yaiza. Tanto el Cabildo Insular como los ayuntamientos afectados, a excepción de Arrecife, ya han mostrado su disconformidad. Así lo han hecho también la Cámara de Comercio y la patronal turística.

La instalación de jaulas marinas frente al litoral tendrá nefastas consecuencias sobre el ecosistema costero. Para hacernos una idea tenemos la experiencia del entorno marino de Playa Quemada: los detritos, residuos y desechos de la actividad realizada durante años por las piscifactorías han creado una capa sobre el fondo, acidificado el agua y empobrecido la calidad de las playas. A simple vista se aprecia el deterioro paisajístico debido a las estructuras sobre la superficie del agua; éstas son un riesgo para la fauna avícola que muere atrapada en las redes que protegen la producción de doradas y lubinas, dos especies foráneas que pueden ser un problema para las especies nativas. 

En particular, hay que tener en cuenta que sobre la marina de Arrecife se ciernen también otros proyectos que la afectarán directamente: la ampliación del puerto de cruceros, el aumento del tráfico marítimo, la instalación de aerogeneradores offshore o las actividades de ocio acuático a motor previstas desde el islote de La Fermina. Sin contar con el perjuicio constante que le supone una avenida abierta al tráfico rodado o los vertidos de los emisarios que evacuan aguas residuales. No hay lugar a dudas sobre las consecuencias socioeconómicas ligadas al alto impacto ecológico por el aumento de la presión sobre el entorno.

El próximo año se cumplirá una década desde la mayor manifestación ciudadana que ha vivido la isla de Lanzarote. En aquel entonces y al igual que ahora, sendos proyectos autorizados por la Administración amenazaban todo aquello que nos hace un territorio único. Las prospecciones petrolíferas de REPSOL, avaladas por el Gobierno español y defendidas por el Partido Popular de Canarias del entonces ministro, José Manuel Soria y de la ahora alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, fueron la causa suficiente para que Lanzarote y Canarias, unidas en una sola voz, se opusieran a tal descalabro medioambiental, social y económico. ¿Será necesario que la ciudadanía vuelva a salir a las calles a defender el territorio que habita? Si se diera el caso, allí estaré nuevamente.