Antes de que el dedo acusador de algún liberal envuelto en la bandera tricolor me señale como un traidor a la patria, aclaro que se hace absolutamente necesario, no solo la implicación del Gobierno de España en la recuperación económica de Canarias, sino también que la Unión Europea deje de actuar como un consejo de administración y se descubra a sí misma como la verdadera arquitecta del Estado del bienestar y, quizá porque ya no tenga otra salida, tendrá que reconocer que la economía no es una ciencia exacta.
No estamos ante un problema matemático en el que deben cuadrar sumas y restas(a los salvajes neoliberales les encanta hacernos creer que hablan de cuestiones meramente técnicas y no de conceptos puramente ideológicos), estamos ante un reto político, seguramente el más importante de nuestra generación; el futuro comunitario está sobre la mesa.
Si la Unión Europea no antepone el Estado social a la economía de mercado, estará entregando en bandeja su propia cabeza a la ultraderecha, esa que tanta preocupación causó cuando vieron aumentar su presencia por los pasillos del Europarlamento. La ultraderecha no tiene ningún problema con las políticas neoliberales, al contrario, el “sálvese quien pueda” es parte de su esencia.
En España no escucharemos a VOX hablando de la venta del capital español a inversores internacionales o fondos buitres, jamás los veremos defendiendo la sanidad pública, muy al contrario su portavoz en el Congreso apuntaba a la privatización total. Esto no se debe exclusivamente a la manifiesta incapacidad dialéctica de unos coleccionistas de souvenirs con la bandera de España, su disparatado programa económico es ultraliberal y se aprovecha de la ruptura de los consensos sociales y el descontento de la clase obrera para instalar el único discurso en el que se sienten cómodos: el discurso del odio.
Por tanto, en la salida de esta crisis sanitaria y económica nos jugamos mucho más que las aparentes tensiones de líderes europeos efímeros y circunstanciales. Si no existe un marco social(y ético) en Europa que garantice el fortalecimiento de lo público frente a la tiranía del capital, mas vale que en Bruselas cuelguen el cartel de “liquidación por cierre”.
Dicho esto, en Canarias no podemos limitarnos a señalar a Moncloa y Bruselas. No hay tiempo que perder mientras las videoconferencias se entrecortan entre choques diplomáticos. En este Archipiélago, disponemos de una una herramienta que se remonta al siglo XV y que nace como reconocimiento a nuestra singularidad atlántica. Siempre he defendido la existencia del Régimen Económico y Fiscal como tal, cosa bien distinta es qué contenido le damos. Es en ese debate, donde creo que debemos situarnos cuanto antes.
La pregunta es obvia ¿cómo podemos reorientar las compensaciones y extender los beneficios del REF para salir de la crisis?. La primera cuestión que debemos resolver es para quién está dirigido el Fuero Canario. El REF no es una herramienta para beneficiar o compensar exclusivamente al empresariado canario frente al peninsular, corrijo, no debería serlo, el REF debería ser para toda la población residente y, en ese contexto, claro que debe compensar la insularidad y los costes comerciales del distanciamiento continental. Estamos, por tanto, ante el deber y no una oportunidad de corregir la tendencia de las últimas modificaciones del REF y convertirlo en un instrumento de utilidad pública y no en un privilegio empresarial que limita la recaudación fiscal del Estado en Canarias. Aquí, es cuando aparece la Reserva de Inversiones de Canarias. Conviene que tengamos claro que es imposible que evitemos el debate fiscal si el interés general es la prioridad en la salida de esta crisis y las prioridades las marcan los gobiernos, para eso tenemos elecciones.
La RIC es un incentivo fiscal que tiene como origen la autofinanciación empresarial mediante la reducción del Impuesto de Sociedades o el IRPF. A pesar de que el REF determina que la financiación del Estado para Canarias tendrá que situarse en la media de España, durante muchos años, esto no se cumplió. Un dato revelador es que si contáramos los recursos RIC como parte de esa financiación autonómica lograríamos un mejor equilibrio con respecto la media de las Comunidades Autónomas, pero no podemos hacerlo porque esos recursos están en manos privadas y no en la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, por tanto no están a disposición del interés general.
Con esta herramienta y, a pesar de que fue modificada en la reciente reforma del REF, no se da respuesta a las múltiples necesidades que esta crisis trae consigo. Hablamos de reforzar la sanidad publica, la educación y los pilares básicos del bienestar, donde también se debe incluir la cultura, un elemento vital de cohesión social, pero también de desarrollo y diversificación económica, para ello debemos garantizar que la cultura es un derecho y reflejarlo a través de un presupuesto autonómico que llegue al tan ansiado 1%.
En cambio, lo que sí podemos hacer es modificar nuevamente el REF con urgencia para que la RIC pueda ser una verdadera herramienta de sostenimiento del empleo. Canarias parte con una desventaja estructural frente a otras regiones, siendo una de ellas la alta tasa de desempleo que, irremediablemente, esta crisis la disparará por encima del 40%. Urge más que nunca, que la citada RIC deba usarse para evitar que la brecha social se profundice. No como una opción más para su materialización, sino como una condición para la misma.
Comprar deuda, tal y como solicita estos días la patronal en Canarias, no es invertir, es ahorrar.
Es todo lo contrario para lo que se creó esta herramienta fiscal que, como gran parte del REF, se ha desnaturalizado. Por no hablar de la obscenidad de poder invertir los recursos RIC fuera de Canarias.
Aflorar esos millones de euros, limitando tanto el destino de los mismos a la creación de empleo digno como acortando el plazo de ejecución, nos permitiría inyectar liquidez en muchas empresas canarias sin necesidad de aumentar el endeudamiento público para ello. No estoy hablando de nacionalizar la RIC, cosa que sí deberíamos hacer con las clínicas privadas que reclaman que el Estado le cubra el 75% de sus pérdidas, hablamos de orientar una reserva de inversión hacia el estímulo económico mediante la creación de empleo. Tenemos el deber de cambiar la inercia de nuestro modelo productivo. Nadie se había atrevido a pausar la música en medio de la fiesta para decirle al personal que no podíamos seguir con un modelo que genera riqueza y precariedad a partes iguales, pero la música se apagó, no queda otra.