EL IMPERIO GRINGO DICTA SU LEGALIDAD
Venezuela está en una complicada y crucial encrucijada que merita la pena analizar detenidamente lo que conlleva más de un artículo. Empiezo por situar, desde mi óptica, la raíz del problema, y es que al imperio gringo nunca le ha importado un carajo el cumplimiento de la legalidad. ¿Para qué, si son ellos quienes la crean o transforman a su antojo?
Verdad es que, como indica el refranero, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, y es que parece que la historia se suele repetir a sí misma, y eso, en estos días, lo estamos viendo en Venezuela. No aprendemos.
El 11 de abril de 2002, Pedro Carmona, presidente de la organización patronal FEDECAMARAS, se autoproclamó como Presidente de la República de Venezuela –suprimió lo de “Bolivariana”- basándose en el Art. 233 de la Constitución venezolana y en la falsa noticia de que el presidente Chávez, secuestrado en Fuerte Tiuna por militares de la derecha golpista, había presentado la dimisión. Su primer –y último- acto de gobierno, además de suprimir las leyes económicas –las habilitantes- que enfrentaban al gobierno con la patronal, fue disolver tres poderes del Estado, la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia y arrogarse la capacidad de destituir a todos los alcaldes y gobernadores que creyera conveniente. De forma casi instantánea, los gobiernos de USA del presidente George W Bush y el de España, de su émulo y fiel lacayo José Mª Aznar, reconocieron la “legalidad” de Carmona y de su gobierno golpista, que no llegó a perdurar ni 74 horas. Carmona “El Breve” contó con el apoyo decidido de las jerarquías eclesiásticas venezolanas, además y como no, del apoyo decidido de los gobiernos pro-gringos de la Colombia de Pastrana, de Costa Rica y El Salvador que intentaron el reconocimiento del gobierno de Carmona por parte de la OEA con el entonces secretario general, el colombiano César Gaviria ya que Carmona aludía a la OEA como garante de la legitimidad del golpe, pero se toparon con la oposición decidida de México, de Nicaragua, de la Argentina de Eduardo Duhalde, de Brasil y de Chile, que rectificaba así su posición inicial de apoyo al golpe.
El guirre gringo George W Bush, salió electo en las elecciones presidenciales USA con más de medio millón de votos menos que su competidor demócrata Al Gore, lo que fue posible gracias al fraude en las elecciones en Florida, que gobernaba su hermano Jeb Bush que, para ello, eliminó arbitrariamente a la mayoría de los afroamericanos del censo electoral, amañó las célebres papeletas “mariposa” y el sistema de votación. Legalidad imperial, of course. Desde el inicio de su mandato, como parte de su “Guerra contra el Terror” y del Eje del Mal, a través de su secretario de estado Colin Powell trató de intervenir en el gobierno de Venezuela y derrocar a Chávez para garantizar el control gringo del petróleo por lo que fomentó y apoyó el golpe de Carmona que fue aplaudido entusiásticamente por la prensa gringa, con el Washington Post a la cabeza. En España, su pupilo Aznar hacía lo propio con el aplauso, también entusiasta, de la caverna reaccionaria hispana, pero con el agravante de que incluso la prensa supuestamente socialdemócrata como El País, apoyara cínicamente el “carmonazo” que, suponían, amparaba los intereses españoles en Venezuela.
¿No les suena a conocido el estribillo de que se apoya a Venezuela dando un golpe de estado “legal”? Vemos como la historia se repite y es que no aprendemos. Lo de ahora es casi un calco del 2002 incluyendo el denigrante papel lacayuno de la socialdemocracia española, desde Felipe González al gobierno Sánchez, y de la supuestamente democrática y legal Unión Europea, acosados unos y otros por los vociferantes guirres de una derecha cada vez más fascistoide. Nada nos extraña conociendo los tristes papeles jugados en Libia o Siria. Hasta tal punto llega el parecido que la primera rata venezolana en Washington en abandonar el barco gubernamental, tanto antes cuando el carmonazo como ahora con el “Guaidocazo”, ha sido el agregado militar en la capital gringa. ¿Casualidades o causalidades?
Antes como hoy –y como en el Chile de Allende- se comenzó por la guerra económica y la mediática. A Venezuela el acoso gringo a su economía le ha costado alrededor de 20.000 millones de $ USA en 2018 y más de 1.600 millones en pérdida de valor de las empresas. Llega al punto que se han bloqueado las reservas internacionales de oro de Venezuela en otros países. Como ejemplo ahora mismo Londres retiene oro venezolano por valor de unos 600 millones que, probablemente, ya haya vendido en el mercado.
Lo triste es que toda esta historia está basada en una supuesta ilegalidad del gobierno Venezolano de Nicolás Maduro y la “legalidad democrática” del autoproclamado “Presidente” basado en el Art 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que la Asamblea Nacional puede proclamar un presidente interino en caso de “falta absoluta del Presidente” y enumera las causas de esa “falta absoluta” como “muerte, renuncia, destitución o incapacidad física o mental”. El autoproclamado Juan Guaidó aduce la destitución de Maduro como causa, pero, de nuevo la Constitución prevé que “la destitución tiene que ser decretada por el Tribunal Supremo de Justicia y, posteriormente, aprobada por la Asamblea Nacional” Pues el señor Guaidó se ha saltado a la torera la Constitución aconsejado por sus mentores gringos y criollos, pero de legalidad de unos y otros, datos por delante, hablaremos de otra vez.
Quiero ver ahora el panorama visto desde el Estado Español y, más concretamente, desde esta colonia de Canarias. Se especula con que el Tribunal Superior de Justicia venezolano es un poder progubernamental y, por ende, manejable desde el gobierno. Con eso se justifica el hecho de que España, como toda la esfera de influencia gringa Israel, OEA y UE incluidos, nieguen legitimidad al gobierno de Maduro y se la concedan, en cambio, al autoproclamado Guaidó y a la Asamblea Nacional en desacato según ese TSJ venezolano. Me pregunto entones, teniendo en cuenta, y a los hechos me remito, que el TSJ español es mucho más banal, prevaricador y progubernamental que el denostado como tal de Venezuela, ¿cómo es posible que los dirigentes políticos catalanes responsables del Procés y de la Declaración Unilateral de Independencia lleven más de un año en la cárcel sin juicio o en el exilio y que al Parlament Catalá se le anulen por sentencia del TSJ de España las resoluciones que posibilitaron un Referéndum Democrático pero, mutatis mutandi, en Venezuela los responsables de este golpe llamen incluso a la subversión y sigan en las calles campando a sus anchas? Esas resoluciones catalanas, refrendadas por un Referéndum popular al que se le niega validez por el Estado Español son ilegales ¿pero la autoproclamación en una plaza pública caraqueña de un pseudo-presidente títere si es legal y democrática?
Propongo que, en virtud de la “legalidad imperial” que practica el gobierno español en su antigua colonia americana, busquemos un Juan cualquiera que proclame la Independencia de esta colonia africana y que imponga un plazo de ocho días al Gobierno Español para que la valide o, en el peor de los casos, que el muy constitucional Clavijo “el Afuchado” convoque con urgencia unas elecciones a un Parlamento Canario Constituyente que la lleve a cabo y ordene el abandono inmediato de este país por parte de las tropas y policía españolas.
Francisco Javier González
Gomera. Noroeste de África a 27 de enero de 2019.