Estos días casi solsticiales me han traído a la memoria aquel 20N de fausto recuerdo en que una especie de mono orejudo y compungido anunciaba, en medio de llantos y babeos, mediante aquella pantalla en que el mundo era negro y gris una noticia que lo hacía parecer luminoso: ¡Españoles, Franco, ha muerto!
Ahora, casi treinta años después, un aventajado discípulo de aquel criminal dictador que tuvimos que soportar en esta colonia de virrey militar, el lengüín de Rafael Hernando, ha sido nombrado portavoz parlamentario del partido que patrocina la corrupción gubernamental. El tal Rafael es aquel que, refiriéndose a los hijos de los fusilados por el fascismo hispano enterrados por cunetas y basureros, les espetaba que para buscarlos y enterrarlos con dignidad “hay algunos que se han acordado de su padre cuando había subvenciones para buscarlos”, y el mismo que, malamente llega a un año (6/8/13) cuando en medio de la crisis brutal en que nos han sumido, pontificaba que “la responsabilidad en los casos de desnutrición es de los padres” y no, por supuesto, de los destructores de millones de puestos de trabajo y salvadores, con nuestro sudor, del corrupto sistema político-bancario que expulsó de sus viviendas a esos padres y succionó sus modestos ahorros. El tal Rafael puede ahora anunciar en technicolor y pantalla plana ¡Españoles, el Caudillo ha resucitado! ¡Han vuelto los gloriosos días en que se puede imponer la Ley y el Orden, los días del porrazo y tente tieso, los de la Ley de Vagos y Maleantes –ampliada luego para abarcar a los homosexuales- y del benéfico Tribunal de Orden Público!
Para que no se me tache de extremista o de agitador y resulte así incurso en causa penal, diré que, en realidad, hemos mejorado. Recordemos que la causa nº1 del TOP fue contra un tal Timoteo Buendía –nada que ver con los Buendía del coronel macondino- que con una fenomenal cargacera, al salir Franco en la tele del bar, exclamó ¡Me cago en Franco! y el batumerio escatológico le costó una condena de 10 años. Hoy, con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, un “me cago en el Rey” o en Rajoy o un “puta España” sería una falta grave y lo hubiera resuelto con una multita de 30.000 euros, o lo que es lo mismo, unos 5 milloncejos de las antiguas pesetas. Eso, claro está, si no se es reincidente, porque en ese caso, pasaría a ser muy grave y la cosa se elevaría hasta los 600.000 euros –da hasta temblores ponerlo en pesetas- lo mismo que manifestarse sin autorización gubernativa ante edificios como el Congreso, el Parlamento español o el mismísimo Parlamento de andar por casa en Teobaldo Power, incluso en el caso de que estén tan vacíos colmo el bolsillo de un parado de larga duración. Los rajoy’s boys se han superado. La franquista Ley de Orden Público de 1959 o la Ley de Seguridad Ciudadana del ínclito Corcuera, el aficionado a las patadas en la puerta, son simples balbuceos infantiles. Esta nueva afina donde más duele a una sociedad amenazada por la miseria y los desahucios, que es en los bolsillos. Se suprimen muchas de las supuestas faltas del Código Penal y pasan a tener carácter administrativo para eludir cualquier intervención judicial y que les salga algún juez rana como les ha pasado últimamente. Hay una cierta ventaja y es que respirar no es aún punible, pero tiempo al tiempo.
El gobierno español, para mantener el privilegio de unos pocos basado en la miseria y la desesperación de muchos, se ha decantado por el arma del miedo y la represión a pesar de que la experiencia demuestra que, aunque válido en corto plazo, termina por ser el germen de procesos revolucionarios porque, in defectiblemente, la represión multiplica el ansia de libertad. El aspirante a neocaudillo intenta, con esta ley, convertir a España y sus colonias en un estado básicamente policial, con unas FOP a las que se atribuye el atributo cuasi divino de su absoluta credibilidad: “Las denuncias, atestados o actas formulados por los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los denunciados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquellos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles” y, frente a esta presunción de veracidad total ¿puede aportarse prueba en contra? Desde luego fotos o vídeos de la brutalidad policial que, bueno es recordar, los casi mil heridos (777 según el gobierno colonial) que ha causado la actuación “moderada” de las denominadas Fuerzas del Orden- no podrán aportarse dado que una de las prohibiciones incluidas en la ley, en su artículo 36, es la de grabar cualquier actuación policial, dotando además a la policía de la facultad de decomisar el material obtenido por proceder del delito de haberlo grabado. Cualquier actuación policial tipo de las bárbaras que hicieron en Atocha que, por cierto, sigue en total impunidad, deberá quedar, por decirlo de alguna forma, en la más absoluta intimidad. El tal Jorge Fernández Díaz recuerda ya al Fraga de “la calle es mía” demostrando con hechos la capacidad de superación de la derecha reaccionaria española, sobre todo cuando se trata de actuaciones sobre desgraciados que intentan huir de la miseria y el hambre a través de las fronteras coloniales de Ceuta y Melilla, de los que tratan de impedir que los desahucien de sus hogares o de los que simplemente protestan contra el saqueo y la destrucción de sus recursos naturales, como, por ejemplo nuestro caso con la multinacional Repsol.
¡Ojito aquí, en esta colonia africana! Cada vez que nos planteemos manifestarnos públicamente o en las redes sociales sobre la sacrosanta unidad del hispano imperio de cartón, de sus ministros jilufos , de sus medianeros criollos, de sus saqueos petroleros……habrá que hacerlo con exquisitez supina para no incurrir en falta grave tipificada como “ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio.” Vamos, que hasta que no haya condena en firme, no puedo decir que el alcalde de mi pueblo es un lambido sinvergüenza o recitar, con alguna pequeña variante, aquel poema de Tarajano de la patrona España que con el yanqui se acuesta.
Personalmente me declaro totalmente culpable de desacato, rebeldía, insumisión y lo que se quiera añadir porque, claramente lo digo, ¡Váyase el Caudillo Rajoy con todos sus ministros, su ley de la patada en la boca, su intangible unidad patria y sus esbirros amaestrados a hacer puñetas!
Gomera a 18 de diciembre de 2014
Francisco Javier González