Tras la aprobación de la “nueva” Ley de Seguridad Ciudadana,  las distintas formaciones políticas de la oposición han mostrado su disconformidad y su rechazo. Parece ser que la Ley de Seguridad Ciudadana es un instrumento jurídico moderno para la represión de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Española. Sin embargo, ¿es un nuevo instrumento de represión sin precedentes? ¿Es un invento del Partido Popular?

La respuesta es negativa.

Las leyes de seguridad ciudadana ya eran viejas conocidas en la etapa franquista. En concreto, en 1959 se promulga la Ley de Orden Público, con la que se permitiría aplicar todo tipo de medidas y actos represivos, ante situaciones de movilización, huelgas y protestas sociales.  Fue esta ley, la que promulgaría los estados de excepción, que serían aplicados para cualquier tipo de manifestación contraria al régimen y, así, poder justificar las medidas restrictivas que serían aplicables.

Con la llegada de la transición, se intentó renovar cualquier vestigio proveniente de la etapa anterior,  y  una ley tan importante como la Ley de Orden Público no podría quedar al margen. Fue aquí cuando entraron en juego las leyes antiterroristas.  El objetivo de estas medidas era separar  de la calle a los miembros de las organizaciones políticas más combativas, que desde un inicio habían denunciado la farsa de la transición.

Fue en 1978 cuando, la UCD, presentó  el  primer proyecto de ley, para dar nombre a todas estas medidas represivas, bajo la denominación de Ley de Seguridad Ciudadana.  Ésta fue aprobada por decreto ley, a pesar de violar la Constitución, ya que las normas penales de tipo represivo no pueden ser aprobadas por decreto ley. Sin embargo, los partidos políticos callaron, permitiendo que se promulgase una ley que infringía la norma suprema del ordenamiento jurídico. 

En 1992 fue aprobada la segunda Ley de Seguridad Ciudadana, que vendría de la mano del PSOE. Podría esperarse que fuese una ley menos restrictiva de los derechos fundamentales, pues era propuesta por el PSOE, sin embargo, nada más lejos de la realidad. Fue conocida como la Ley de la patada en la puerta, porque se permitía la entrada de la policía en los domicilios, para hacer registros, sin necesidad de autorización judicial.  Lo que supondría un quebrantamiento  del derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio.

Pero, ¿cómo se podría promulgar una ley que violase derechos reconocidos en la Constitución?

Pues poniendo limites, disfrazando la realidad, se alegan unos motivos para justificar dichas limitaciones. Alegaban la persecución al narcotráfico como motivo principal, sin embargo,  parecía tener cierto trasfondo político.

El objetivo de esta ley, era implantar el miedo en las organizaciones políticas más rebeldes, así se  legalizó la retención policial, a personas que no habían cometido ilegalidades, simplemente para identificación, una forma de amedrentar.

Finalmente, llegamos a la propuesta de ley  del PP aprobada recientemente. Esta ley continúa con la represión del Estado a los movimientos populares y a las manifestaciones. Mediante conceptos jurídicos indeterminados  se justifica cualquier intervención estatal en la seguridad ciudadana. Se cambian sanciones o medidas represivas del ámbito del control judicial y se transforman en facultades administrativas. En estos procedimientos sancionadores,  los cuerpos de seguridad del estado tienen presunción de veracidad, o sea que lo que éstos aleguen siempre tendrá valor probatorio.

Como toda ley, tiene su justificación, así Fernández Díaz cree que ha surgido un nuevo tipo de delincuencia de baja intensidad. Esto es lo que viene siendo otra nueva burla, para de esta forma justificar la sanción de actividades que se escapan del ámbito penal.

Por lo tanto,  como hemos podido comprobar, no es la primera vez que se utiliza la denominación seguridad ciudadana para hacer leyes contra la seguridad ciudadana y en favor de la seguridad del Estado.

Y ante todo esto, ¿dónde han estado esos partidos defensores de la clase trabajadora? Pues apoyando, cómo no, la represión de los movimientos populares y sociales. Que nadie se engañe ahora con los lloriqueos de estos días, porque estos que hoy lloran son los mismos que ayer nos golpeaban con otras leyes, pero bajo otras siglas.