Es el inconveniente de ser un Archipiélago de Estado. Que estamos a expensas de un Gobierno Metropolitano que acrecienta nuestra DEPENDENCIA a base de concesiones o recortes de subvenciones para desalinizar el agua que nos rodea. Y que a la vez estamos abocados a caer en las garras de los especuladores de turno, que tras privatizar nuestro fundamental recurso, crean un emporio económico alrededor del líquido elemento. Es lo que estamos viendo en Tenerife y Gran Canaria, y con lo que amenazan a Lanzarote.

- Veamos el caso de Gran Canaria. La Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas (EMALSA), hace unos 15 años que fue privatizada, pasando a ser controlada por dos compañías: Saur y Sacyr. Pues en ese periodo de tiempo, los dos socios han creado un entramado de empresas filiales "a la sombra del colosal negocio del agua". Por ejemplo: José Luis Rubio, responsable de Saur, es también Presidente Ejecutivo de Gestagua (filial de Saur), que se encarga del negocio del agua en España (y a su vez es propietario de un 33% de las acciones de EMALSA); mientras que Pablo Abril-Martorell se ha convertido en Director General de Valoriza, la filial a través de la cual opera Sacyr Vallehermoso en EMALSA, con otro 33% de las acciones. A su vez, ambos con consejeros de EMALSA y directivos de Sercanarias. Es decir, que son los responsables de decidir CUÁNDO y CUÁNTO se sube el agua en Gran Canaria, en un servicio (y un  negocio) que debían gestionar las administraciones públicas (el pueblo).

El escándalo ha saltado cuando un Juzgado de Versalles (Francia) ha comenzado a investigar un presunto Fraude cometido por los citados directivos de Sercanarias, acusados de "inflar (supuestamente) el precio de un edificio de los Tarahales y provocar un quebranto económico de más de 2,6 millones de euros a Saur, una de las empresas matrices de Sercanarias". La denuncia partió de un ex-directivo de Saur Internacional, que aportó una transferencia dirigida desde Emalsa a Sercanarias en los días en que se materializó la opción de compra.

- Otro tanto ha ocurrido en Tenerife. En 2005, el entonces Alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, adjudicó la privatización de la Empresa Municipal de Aguas de Santa Cruz (EMMASA), a la compañía Sacyr Vallehermoso (la misma que adquirió Emalsa). Ésta a su vez, "subcontrató millonariamente" los servicios esenciales a empresas filiales suyas como Valoriza Aguas (dueña del 33% de las acciones de Emalsa), pese a que el Pliego de Condiciones lo prohibía expresamente (IU presentará una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción).

Otra vez ha actuado la Justicia: el Tribunal Supremo ha ordenado en Sentencia Firme que el Ayuntamiento de Santa Cruz "rescate la gestión del agua en la capital", ya que la venta "se llevó a cabo sin someter a información pública el acuerdo de cambio de gestión del servicio"; y porque "era contraria al interés general, por cuanto que el Consistorio, que sólo mantenía 11 de las 244 acciones de la sociedad, perdía toda capacidad de decisión en EMMASA".

- En Lanzarote es al revés. La Justicia ya ha estado interviniendo en Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA) desde mucho antes de que se hablase de Privatización, aunque ya nadie duda de que "el camino hacia la privatización ha sido forzado": auditorías que nunca se han hecho públicas; millones de euros "desaparecidos"; polémica gestión de unos mal llamados jueces concursales; petición de embargo preventivo de los bienes de los politicos relacionados con la gestión en INALSA; deudas millonarias inasumibles (y poco claramente justificadas); y un cruce de acusaciones de CORRUPCIÓN entre las mismas fuerzas políticas que quieren PRIVATIZAR el servicio... ¡Eso sí, le suben el agua a la sufrida ciudadanía, a cambio de unos nefastos servicios, y con una infraestructura tercermundista!

La ciudadanía ya se ha hartado de los corruptos de siempre. Ahora ha surgido la Plataforma de la Mesa Social de lo Público, que va a luchar en todos frentes para evitar que se privatice el Agua en Lanzarote: informar a los ciudadanos de la situación real de la empresa y el servicio; exigir a los Tribunales que ejecuten las órdenes (dictadas judicialmente) de embargo de las propiedades de los políticos implicados en "el expolio" de INALSA; convocar una Gran Manifestación en protesta por el intento de Privatización del Servicio; y si es necesario, acudir a la Justicia (como hicieron en Tenerife) para que el Servicio quede en manos de su legítimo dueño: el pueblo.

Colectivos sociales como MOVEINCA, Comité de Empresa de los Centros Turísticos, C.G.T., Aculanza, Verdes Lanzarote, M15 o Frente Cívico; y fuerzas políticas como VECINOS UNIDOS, Alternativa Ciudadana o el Secretariado Insular de IC, van a presentar batalla contra el último acto de una obra de teatro que los corruptos de siempre ya tenían escenificada...