La famosa a la vez que polémica piscina de la Presidenta Insular del PP (y también parlamentaria "regional"), Astrid Pérez, vuelve a estar en el candelero mediático y administrativo. Y es que, a 12 años ya de la compra de su chalet en el tantas veces judicializado Plan Parcial "La Bufona", la "relación" entre la controvertida política y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) se ha convertido en un verdadero "culebrón". 

Fue allá por el año 1997, cuando comenzaron las obras de construcción de 52 viviendas "unifamiliares" en una zona que los Promotores aseguraban que correspondía al Plan Parcial "La Bufona". Sin embargo, muy pronto se comprobó que "parte de esas construcciones se realizaron sobre Suelo Rústico y protegido" aparte de que carecían de Licencia "pese a que se les había otorgado un plazo de 3 meses para instar a su legalización". Fue por ello que el 25 de julio de 2000, la Agencia de Protección al Medio Urbano y Natural (APMUN) requirió al promotor, al constructor y al arquitecto director de la obra, "la suspensión de los trabajos", que ya entonces comprendían "varias piscinas, muros y diversas obras de acondicionamiento...".

Fue por aquel entonces cuando la hoy Presidente Insular del PP, Astrid Pérez, compró su casa "a una constructora y promotor cuyo abogado era el socialista Manolo Fajardo Palarea", tras haber concretado el año anterior un contrato de compraventa. Ese mismo año 2000, la APMUN decretó "la suspensión de las obras, el corte de suministro de luz y agua, y el precinto"; pero la promotora siguió construyendo, lo que daría inicio a un Procedimiento Penal en el Juzgado nº 3 de Arrecife, "por Usurpación de Terrenos y Delito contra la Ordenación del Territorio".

En septiembre de 2008, la APMUN determinó que "realizadas las investigaciones y gestiones pertinentes, ha sido suficientemente constatado que las obras descritas CARECEN DE AMPARO ADMINISTRATIVO ALGUNO", añadiendo que eran "INDUDABLE Y MANIFIESTAMENTE ILEGALIZABLES". 

 ¿Cuáles eran los motivos de la Agencia? 

a) Se construyeron 52 viviendas unifamiliares donde sólo habían autorizadas ¡24!

b) Las viviendas tenían más superficie que la autorizada

c) Las licencias se otrogaron al amparo del Plan Parcial y su Modificación, cuando esos documentos "no eran reflejo de la realidad territorial".

- La defensa de Astrid Pérez

La todavía Presidenta Insular del PP ha señalado recientemente en su defensa, que "yo compré la casa como está ahora, yo no he construido nada ahí" añadiendo que "compré una casa hecha". Sin embargo, en el Informe de la APMUN se demuestra que "en el Registro de la Propiedad esas viviendas figuran con una extensión de 96 m2, cuando en la realidad TIENEN MÁS DE 200 M2", añadiendo que "las casas SUFRIERON CAMBIOS AÑOS DESPUÉS DE SER ADQUIRIDAS".

Para acabar con las dudas, el 31 de agosto de 2011, la Agencia remitió una Resolución que indica que "la adquisición en 1999 les otorga LA CONDICIÓN DE PROPIETARIOS durante su ejecución" a los compradores, denunciando que "en las fotos de vuelos sucesivos se observaron CAMBIOS NOTABLES EN LA OCUPACIÓN DE LA PARCELA que nada tienen que ver con lo proyectado, por lo que la obligación de restaurar LES AFECTA, siquiera, de una manera si cabe más plena". En esa misma fecha, se desestimaban (una vez más) las alegaciones de Astrid Pérez, insistiendo en que su vivienda "se asienta sobre Suelo Rústico de Protección y de Valor Natural Ecológico".

 Concretamente, se ordenaba la demolición de las siguientes obras del chalet de Astrid Pérez:

1) Construcción de piscina de unos 36,90 m2 de ocupación.

2)Construcción de edificación adosada a lindero de un nivel de altura de unos 42 m2 de superficie construida.

3) Ampliación de vivienda, en unos 11,50 m2 de superficie construida y un nivel de altura.

4)Pavimentación de patio trasero en unos 63,00 m2.

5)Área ajardinada de unos 14 m2.

6) Cerramiento perimetral del terreno de unos 39 m".

 - "Descuidos" y "despistes"

En febrero de 2012 la opinión pública se sorprende al tener conocimiento de que la APMUN había archivado el Expediente de demolición, "porque había caducado el Expediente". Al parecer, según fuentes de la misma Agencia, "prepararon las resoluciones de demolición, pero SE FIRMARON EL DÍA ANTERIOR, por lo que se comunicaron fuera de plazo". Sin embargo, el denunciante del "caso La Bufona", Gonzalo Murillo, manifestó que "la APMUN de manera aparentemente artificiosa y presuntamente premeditada, RETUVO LAS FIRMAS DE ESAS RESOLUCIONES hasta el día en que se cumplía el plazo de caducidad, de tal forma que era materialmente imposible que fueran comunicadas en plazo". Por ello se dirigió a la Presidencia del Gobierno, advirtiendo con denunciar a la Agencia por PREVARICACIÓN POR OMISIÓN.

 Dicho requerimiento hizo que la APMUN  abriera por tercera vez el expediente de demolición de parte de la vivienda de Astrid Pérez (y también la del Fiscal de Las Palmas, Miguel Pallarés, "echado" de Lanzarote). Y de repente, la Oficina del PIOT del Cabildo (12 años después de iniciado el Procedimiento), en diciembre SE ACUERDAN de que las viviendas de La Bufona se encuentran en "suelo máximo delimitado ocupable por núcleos de población...". ¡Segunda sorpresa! 

Este pasado lunes, el Boletín Oficial de Canarias ya ha avisado de que vuelve a estar "bajo las palas" la polémica piscina de Astrid Pérez (por cuarta vez en 12 años). Y esta vez se está mirando con lupa la Escritura de Compra del chalet, para tener la seguridad de si aparece o no la piscina de marras... Eso sí, si este verano sigue en pie, le pediré a mi madre que me regale una piscina igual que la de Astrid Pérez...