Mientras por un lado la reforma laboral implementada por el Gobierno de España (1), introduce la ampliación en la edad de jubilación, en Canarias se produce algo totalmente insólito e inesperado; nos estamos refiriendo al caso de la jubilación obligada de unos cuatrocientos médicos del Servicio Canario de Salud, por parte del ejecutivo canario que ha considerado necesario reducir el número de galenos especialistas de amplia experiencia profesional, de acuerdo a las últimas noticias filtradas a través de diferentes medios de comunicación local.
Al mismo tiempo, presuntamente, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, no garantiza la sustitución de los médicos que sean jubilados, lo cual nos debe llevar a pensar en la presumible existencia de un presunto plan tendente al desmantelamiento del SCS; toda vez que, si ya de por sí el SCS, está infradotado de personal sanitario en general; como ejemplo citaremos el caso del cierre de plantas, durante el mes de agosto, del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, por citar un caso, uniendo a enfermos de digestivo con los de urología; lo cual resulta totalmente contrario a lo exigido por enfermos con patologías absolutamente incompatibles entre sí.
¿Qué se está tramando contra la Sanidad Pública española? Esta es la gran pregunta, que debemos hacernos, pues no cabe que médicos especialistas con años de experiencia sean apartados mediante un plan de jubilaciones impuestas, contra los criterios de renovación existentes; mientras, vía conciertos se desvían pacientes desde la sanidad pública a la privada con el alto coste económico que ello supone; además de perjudicar a los pacientes que se ven obligados a someterse a unas condiciones diferentes, bajo indicaciones conducentes a incidir en la voluntad de los pacientes, en más de las ocasiones deseadas, que terminan siendo derivados desde la pública, aplicando criterios no entendibles, a la privada. Véase la noticia aparecida en El País.com – Elena G. Sevillano, Madrid 27 enero 2013; titulada “Bypass” entre Sanidad pública y privada. (2)
Cualquiera que haya tenido que someterse al traslado desde un hospital público a uno privado, o bien el de un familiar, probablemente entenderá lo que estamos narrando.
Por otro lado, tampoco podemos entender las jubilaciones obligadas de médicos cualificados, máxime existiendo unas listas de espera tan abultadas; habiéndose formalizado denuncia ante la Fiscalía, por parte de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Canarias. (3) y (4)
En fin, no es de extrañar que exista un claro rechazo, por parte de los profesionales del sector público sanitario, de asociaciones de pacientes y de gran parte de la ciudadanía en general, contra el desmantelamiento de los servicios públicos; en este caso, nos estamos refiriendo al sistema de la sanidad publica que, desde hace algunos años, viene siendo desmantelada, principalmente por la aplicación de políticas de recortes y la larga lista de esperas; lo que, ha venido obligando a muchos ciudadanos a contratar un sistema alternativo de seguro sanitario de carácter privado.
Asimismo, debemos señalar la gran cantidad de dinero que se ha trasvasado desde la sanidad pública a la privada, a través de los denominados sistemas de conciertos. Concretamente en el caso de Madrid, presuntamente trasladable a otras CCAA, ha venido aplicándose desde 2007, contrato marco habilitando a varias clínicas para la realización de operaciones. (5)
- BOE Nº 92, Miércoles 17 de abril de 2013. Cortes Generales: Resolución de 11 de abril de 2013, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.
Las Palmas: 17 de abril de 2013.-