Puertos quiere desalojar a un ciudadano de la vivienda que compró a Bankia
El vecino de Arrecife, José Díaz Diaz lleva años pasando por un auténtico calvario, desde que la Autoridad Portuaria de Las Palmas dio "Orden de Desalojo" de la vivienda que posee en la zona capitalina de Las Caletas, alegando que "se encuentra en Dominio Público Portuario". Lo grave de la situación es que dicho ciudadano le compró la casa a BANKIA, en el año 1997, firmando la venta el propio Director General de la Entidad Bancaria, JUAN FRANCISCO GARCÍA GONZÁLEZ. Más aún, el propio banco la había embargado anteriormente, inscribiéndola en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, dándole con ello más "legalidad". Incluso la Fiscalía considera "NULA" la venta "realizada por la Caja Insular de Ahorros de Canarias"... Sin embargo, Díaz se encuentra impotente ante este nuevo abuso de la Banca y las Autoridades presuntamente competentes.
Exactamente fue el 23 de junio de 1997, cuando el entonces DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS, Juan Francisco García González, le vendió al ciudadano José Díaz Díaz, una "Parcela de terreno sita en LOS MÁRMOLES... que tiene una superficie de 200 metros cuadrados, con una casa construida de 125 metros cuadrados y se compone de 4 dormitorios, salón comedor, cocina, baño, aljibe y terraza. Linda todo: NORTE, ZONA MARÍTIMO TERRESTRE; Sur, camino público que conduce a Harinas del Mar; Este y Oeste, herederos del Teniente Garriga". Dicha transacción se registró en Documento Privado ante la Notario Catalina I. Rosa Bonilla.
Hay que reseñar que la Caja Insular de Ahorros de Canarias había tomado posesión de dicha vivienda el 14 de septiembre de 1993, como "consecuencia del procedimiento ejecutivo número 343/90, del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Arrecife", tal y como se refleja en el correspondiente Acta de Subasta. Y que en el momento de su venta, la Parcela ya estaba inscrita en el Registro de la Propiedad de Arrecife, como FINCA 15.144, en el Tomo 930, Libro 163 y Folio 20.
- Elevación a Público del Documento
Durante 6 años el comprador no tuvo ningún problema con su propiedad. Hasta que el 14 de noviembre de 2003, decidió "Elevar a Público el Documento Privado de Compraventa". Según explicó José Díaz a LA VERDAD DE LANZAROTE, "decidí llevar a cabo este trámite, porque quería pagar los impuestos correspondientes como cualquier hijo de vecino".
El trámite fue legitimado por la misma Notaria que la vez anterior, Catalina Isabel Rosa Bonilla, con el número de Protocolo 3.683. En esta ocasión, la Caja Insular de Ahorros de Canarias estaba representada por JULIO PEDRO ROMERO ORTEGA (entonces Director de la entidad en Lanzarote), quién aseguró que "la finza descrita SE ENCUENTRA LIBRE DE ARRENDATARIOS O DE CUALQUIER TIPO DE OCUPANTES". José Díaz le había pagado a BANKIA 6.010,12 EUROS.
Por si fuera poco, el 11 de junio de 2008, el APODERADO de la Caja Insular de Ahorros de Canarias, CARMELO SÁNCHEZ LÓPEZ, ante el Notario Juan Alfonso Cabello Cascajo, RATIFICÓ (con el número de registro 2.875) la "Elevación a Público del (anterior) Documento Privado de Compraventa".
- Puertos quiere recuperar "su" Dominio
El 21 de mayo de 2009 (R.E. nº 2.987), la Autoridad Portuaria de Las Palmas recibió un Oficio de la Demarcación de Costas de Canarias, en el que se informaba de la "existencia DE UNAS EDIFICACIONES, ubicadas entre la central de Unelco y el mar, situadas en LA ZONA DE DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO, evidenciadas a partir de la realización de un vuelo sobfre el Puerto de Arrecife". Dicho Oficio instaba a Puertos al "inicio de la RECUPERACIÓN POSESORIA y restitución del dominio público ocupado". Todo ello en base a la Orden del Ministerio de Fomento por la que se aprobaba el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto de Arrecife (PUEP), publicada en el B.O.E. de 24 de febrero de 2004.
A raíz de ese momento comenzó un largo rosario de "requerimientos" por parte de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, exigiendo a José Díaz que DESALOJASE su vivienda: en varias ocasiones, alegaron que "no localizaban" el domicilio de Díaz; incluso llegaron a imponerle hasta 3 multas por lo mismo; pero este vecino continuó su lucha administrativa e incluso acudió a la Fiscalía, consiguiendo que le DEVOLVIERAN EL DINERO.
Así fue hasta que el 20 de mayo de 2010, Puertos de Las Palmas incoó un Expediente de Recuperación Posesoria de Dominio Público Portuario "indebidamente ocupado" en la Zona de Servicio del Puerto de Arrecife (Zona "Trasera de la DISA"). Y pese a tener la razón, todas las Alegaciones de José Díaz han sido rechazadas. De hecho, el 12 de abril de 2012, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas Autorizó "a la Autoridad Portuaria de Las Palmas para que proceda a la Ejecución Forzosa... permitiendo la entrada para el desalojo inmediato de la vivienda nº 3 de la trasera de la DISA, perteneciente a D. José Díaz Díaz".
- La Caja de Canarias "culpa" a BANKIA
Desde ese momento, José Díaz ha acudido a todos los organismos presuntamente competentes: al Presidente de la Autoridad Portuaria; a la Casa de S.M. el Rey de España; al Ministerio de Fomento; al Defensor del Pueblo; al Director General de la Caja Insular de Ahorros de Canarias; a Atención al Cliente de la citada entidad; incluso a través del Letrado Fernando Figuereo Force.
Curiosa ha sido la respuesta del Presidente de la Caja de Canarias, JUAN MANUEL SUÁREZ DEL TORO RIVERO, el 5 de octubre de 2012, señalando que la "problemática" debe resolverse "dentro del ámbito de BANKIA dado que se trata de una rama de actividad QUE YA NO PERTENECE A LA CAJA DE CANARIAS y en la que La Caja NO TIENE COMPETENCIA ALGUNA". Recordando que "La Caja de Canarias con otras 6 Cajas de Ahorros realizaron un proceso de integración que conllevó la aportación de todos sus negocios bancarios a favor del grupo BFA-Bankia".
- La Fiscalía declara "nula" la Venta
El 22 de noviembre de 2012, la Fiscal Elena Herrera Rodríguez decretó que si la Parcela en cuestión se encontrase en zona de dominio público, "LA VENTA REALIZADA POR LA CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS SERÍA NULA", lo que abriría la puerta de una denuncia en los Juzgados correspondientes.