Si los organismos oficiales no son capaces de cerrar las emisoras ilegales, estos pueden ser denunciados, por estar incurriendo en dejación de sus funciones y por no garantizar ese escenario legal

Tras las declaraciones públicas del colectivo “C4” (Corporación Ciudadana Contra la Corrupción) sobre las emisoras ilegales existente en Lanzarote, hemos querido salir a la luz pública para ofrecerle nuestro respaldo y para dejar nuestra parecer.

Las concesiones de licencias radiofónica por Ley debe estar sujetas a una serie de requisitos jurídicos- administrativo para de esa manera poder evitar que cualquier hijo de vecino monte una emisora libre y sin control bajo la tan manoseada y utilizada disculpa de que se les daña el derecho constitucional a emitir y recibir información libremente.

No son alégales son ilegales

La acusación de piratería que se vierte sobre las emisoras sin frecuencia asignada por la comunidad autónoma pertinente, tiene motivo de peso para ser denominada de dicha manera, ya que estas vulneran lo legalmente reglamentado.

Que algunos personajes para gestionar una frecuencia e emisora ilegal se cree una empresas presuntamente solventes, con instalaciones y empleados contratados legalmente, no quiere decir que no se esté cometiendo fraude e irregularidades, que estas empresas paguen sus impuestos, facturen legalmente, declaren el IVA de sus transacciones, coticen a la Seguridad Social por sus empleados e incluso paguen a la SGAE, no le da derecho a explotar de manera ilegal una emisora, que no tiene una frecuencia y autorización legal para poder emitir. Por lo tanto por muchos que algunos pretendan hacernos creer que son alégales estas emisoras radiofónicas, nosotros tenemos que puntualizar que son ilegales, porque vulneran las leyes y porque están emitiendo sin la licencia que precisan.

Intentar decir que la situación en que quedan las emisoras independientes (Ilegales) es de total indefensión no deja de ser un atrevimiento irresponsable con el cual se intenta manipular, engañar a la población y a los responsables institucionales, nadie se puede tomar la ley por su mano intenta hacer lo que les da la gana y mucho menos pueden abrir emisoras sin las autorizaciones legales que precisan.

Tampoco es de extrañar la amarga situación que padecen las emisoras legales que se ven atada de pies y manos porque las administraciones oficiales no actúan con contundencia contra las emisoras ilegales de esta comunidad, emisoras piratas que ejercen una competencia “desleal e ilegal”. En sentido estricto, y apoyándose en argumentos jurídicos, todas las cadenas radiofónicas con concesiones administrativas, tendrían derecho para denunciar al Estado porque la permisividad en este campo devalúa las frecuencias que ellos mismos han concedido y, por extensión, el negocio obtenido de su explotación.

Pues bien, la administración siempre promete precintarlas y hasta ahora las emisoras ilegales siguen emitiendo sin ningún problema. Es más, algunas que han sido denunciadas y precintadas, levantan los precintos y siguen emitiendo, impunemente.

En algunas localidades del país se comercia con frecuencias ilegales. Hay quien las vende y hay quien las compra. A buen precio, además. Algunas de las grandes cadenas de radio, por otra parte, no están libres de culpa. Muchas de ellas disponen de emisoras de, cuando menos, dudosa legalidad.

Si el Estado o Comunidad Autónoma convocan concursos públicos de concesión de frecuencias de radio, para evitar que el caos reine en el dial, debe ser por tanto el propio Estado o Administración Autonómica las responsables de velar por el cumplimiento de la ley. Por contra, si no es capaz de garantizar ese escenario legal, está incurriendo en dejación de sus funciones, y puede ser denunciado, tal y como explicamos anteriormente. Es más, si es incapaz de ordenar el espectro radioeléctrico mediante concesiones, que se marchen, que dimitan si no tiene la capacidad que se precisa para desarrollar sus cargos.

El tema es, en estos tiempos que corren, es saber quién le pone el cascabel al gato. Los políticos intentan nadar y guardar la ropa. Prometer, por un lado, que cerrarán las emisoras ilegales y al mismo tiempo congelan la operación por miedo a ser acusados de atentar contra una pretendida libertad de información o de opinión de las emisoras clausuradas. No puede existir ninguna otra actuación tan hipócrita y tan cobarde como ésta. Pero mientras hay un sector radiofónico legal en juego.

Es más que probable que nos encontremos ante un panorama endémico de difícil solución, si no hay voluntad de abordarlo por parte de la administración con eficacia y determinación.

Ante la pasividad de las administraciones central y autonómica, Titeroygakat, solicita públicamente a los responsables de los organismos oficiales correspondientes «actuaciones para el cierre inmediato de las emisoras ilegales» porque estas «pone en peligro a las emisoras legales que a través de sus empresas dan empleo a muchos centenares de personas». «Esta lacra de las emisoras ilegales, es lamentable y preocupante» no podemos entender cómo puede continuar esta situación si se tiene en cuenta que la ley «da todas las herramientas para que se actúe contra dichas emisoras, algunas de las cuales son auténticas cadenas radiofónicas».

Titeroygakat, enviará una carta a todos los Ayuntamientos, Cabildos y Gobierno de Canarias «para que se pase a cerrar las emisoras ilegales» en esas localidades, municipios y comunidad. «La dejación y la falta de actuación es tremenda. Hay que aplicar la ley con contundencia» porque la «pasividad» de las administraciones en el asunto es más que demostrable.

La situación es todavía más paradójica cuando se tiene en cuenta, que estas emisoras locales emiten habitualmente publicidad institucional de los mismos organismos que les debe cerrar su frecuencia por ser ilegal. No sólo eso: los partidos políticos mayoritarios les contratan sus campañas publicitarias previas y durante las elecciones, la doble moral y la poca vergüenza de quienes gobiernan estos partidos e instituciones está más que demostrada.