NUEVO INTENTO DE JUAN ANTONIO RIVERA SL PARA DESALOJAR A LOS ANCIANOS DE ARGANA

Según explica en unan nota de prensa el concejal Andrés Medina, portavoz de los ancianos, han vuelto "el dolor y la incertidumbre para la pareja de nonagenarios, que ven una vez más como la desidia empresarial amenaza con acortar sus últimos años de vida.

No es la primera vez (ni la segunda) que la empresa concesionaria de IVECO trata de desalojar por la vía judicial a los “abuelos de Argana”. Basándose siempre en un supuesto Convenio firmado con la Iglesia Católica (del cual se desentendió judicialmente el propio Vicario General de la Diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera). Sin embargo, todos los intentos (hasta ahora) han caído en saco roto.

El último intento de Desahucio por Precario tuvo lugar en 2015, y en aquella ocasión el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Arrecife le dio la razón al matrimonio de ancianos, rechazando la “excepción procesal” alegada por la empresa JUAN ANTONIO RIVERA SL y la Diócesis de Canarias. Más aún, el Magistrado Francisco Javier Ramírez de Verger Vargas, acordó “no haber lugar a la apreciación de cosa juzgada en el presente procedimiento respecto del Juicio de Desahucio por Precario 570/2011 seguido en el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Arrecife”.

Paralelamente, el 14 de octubre se celebraba una Vista en el Juzgado (481/2014) nº 3 de Arrecife, en la que estaban citados como DEMANDADOS: el representante legal de JUAN ANTONIO RIVERA SL, y del Vicario General de la Diócesis de Canarias, actuando de testigo el párroco Antonio Perera Painero (el intermediario en la “venta” de las viviendas de Argana con sus inquilinos dentro). Sin embargo, este último no acudió a la cita, comprometiéndose a intervenir “por videoconferencia”.

Lo curioso del tema es que nunca se pudo conectar con el juzgado en el que estaba citado, por lo que se acordó que las preguntas y respuestas se hicieran por escrito… Y ahora nos hemos enterado de que le mandaron la citación judicial al Juzgado de Arucas, en vez de a Teror (donde vive y es párroco oficial). ¡Qué raro!

Más curioso es que el 19 de octubre de 2015, 4 días después de la vista judicial a la que no acudió el párroco Antonio Perera, la procuradora de JUAN ANTONIO RIVERA SL inició los trámites para este nuevo lanzamiento del matrimonio de ancianos. Aprovechando la “desaparición” del párroco de Teror (clave en la clarificación de la situación de las 6 viviendas de Argana), vuelven a intentar dejar a los dos ancianos en la calle, fuera de la vivienda en la que habitan desde hace más de 50 años".

- Un largo culebrón

La historia comenzó el 07 de Diciembre de 1959 en el barrio de Argana Alta, al firmarse un contrato entre el Rvdo. Don Lorenzo Aguiar Molina, cura Ecónomo de la Parroquia de San Gines; y el vecino Sr. Sinforiano Marcial Lemes Rodriguez, casado con la Sra. Pilar Callero Cabrera.

Éste fue el Contrato:  "Primero: Con la cooperación de la feligresía y para fines de caridad, la Parroquia ha adquirido, mediante construcción el dominio de varias casitas situadas en Maneje, las cuales administra el Rvdo. Don. Lorenzo Aguiar Molina, dedicándolas a viviendas de aquellos feligreses pobres que más gravemente estén afectados por falta de albergue familiar. Segundo: En la actualidad se estima en tales circunstancias al otro compareciente, Sr. Lemes Rodriguez, y por ello se le cede el uso de la vivienda nº 4, de las que forman al referido grupo bajo las siguientes ESTIPULACIONES: a), Don Lorenzo Aguiar Molina cede gratuitamente al otro compareciente Sr. Sinforiano Marcial Lemes Rodriguez, el uso de la vivienda referida para que se albergue él y su familia constituida por su esposa y sus seis hijos, por tiempo INDETERMINADO. b), El Sr. Lemes Rodriguez queda obligado a satisfacer los gastos ordinarios que sean de necesidad para el uso y conservación del inmueble, mientras la habite. c), Cesará en el uso de la vivienda y tendrá el Sr. Lemes Rodríguez la obligación de entregarla al Rvdo. Don Lorenzo Aguiar Molina. O a quién le represente, cuando a juicio de éste el Sr. Lemes Rodríguez no tenga ya la grave necesidad causante de esta cesión o exista persona o familia con mayor grado de necesidad que con perentoriedad precise alojamiento. Este juicio sera personal y privativo del Rvdo. Padre Aguiar. Igual efecto producirá el mal uso de la vivienda, el no atender bien a su conservación y limpieza, así como la conducta privada del beneficiario y su familia, así no fuese rigurosamente honesta o perturbase, en algún modo la armonía y paz con los demás vecinos del grupo. d), En todo caso, el Rvdo. Padre Aguiar Molina, se reserva la facultad de reclamar la devolución de la vivienda, libre y vacia, dando aviso al Sr. Lemes Rodriguez con UN MES DE ANTELACION".

- Vendieron las casas con los vecinos dentro

Tal y como explicó en su momento el ex-Presidente de la Asociación de Vecinos de Argana Alta y Portavoz de la formación VECINOS UNIDOS, Andrés Medina, "el Sr. Sinforiano Marcial Lemes Rodriguez ha estado pagando todos los impuestos Municipales del Ayuntamiento de Arrecife, como el IBI y la basura de la vivienda, hasta que el Ayuntamiento de Arrecife dejó de pasarles los recibos. El Sr. Sinforiano Marcial Lemes Rodriguez, ha estado pagando desde el año 1959, los recibos de agua y luz de la vivienda a su nombre hasta el día de la fecha".

El dia 06 de Junio de 2006 la Iglesia (Diócesis de Canarias), vendió las casas y un solar a la empresa Juan Antonio Rivera S.L. (Iveco), según la prensa digital por un importe de 360.000 €, "con los inquilinos dentro". En el contrato de arrendamiento dice que el responsable de la Iglesia tiene la facultad de reclamar la devolución de la vivienda, libre y vacía, dando aviso al sr. Lemes Rodriguez CON UN MES DE ANTELACION. Según denuncia Medina, "el Párroco de la Iglesia de San Ginés, responsable en esa fecha, Don Antonio Perera , tenía que comunicar por escrito al Sr. Sinforiano Marcial Lemes Rodriguez que dejara la casa vacía o pactar con él la venta de su vivienda, para no dejarlo en la calle sin vivienda teniendo en cuenta que ha estado viviendo durante muchos años. No le han dado opción, pero sí pactó con la empresa Juan Antonio Rivera S.L. (IVECO)".

Según declaró el Párroco Don Antonio Perera al medio de comunicación ACN PRESS, con fecha 24 de Octubre de 2011,  fue él "quién negoció la venta de las seis casas, porque existía el compromiso escrito por parte de la empresa compradora, Juan Antonio Rivera S.L.(IVECO), de realojar a los inquilinos", y que "también se les ofreció a algunos de los ocupantes de las casas la posibilidad de quedarse con las viviendas (SEGUN EL SR. SINFORIANO MARCIAL LEMES RODRIGUEZ, NUNCA SE LES OFRECIO ESA POSIBILIDAD)". Igualmente el párroco dijo en los medios que "a este matrimonio el comprador les ofreció la posibilidad de disfrutar de otra vivienda en usufructo,  pero que no quisieron", y que "también se les ofreció adquirir la casa, y que a todos los inquilinos se les ofreció una cantidad por marcharse". Cuestionado si es el comprador quién ha incumplido con ese compromiso escrito, el párroco señaló que" los inquilinos igual no le han dejado cumplirlo".  Pero los ancianos han dejado bien claro que "jamás" les hablaron de esas posibilidades que ahora señala este sacerdote "católico".

Andrés Medina deja bien claro que "el terreno fue donado por un particular a la Iglesia Parroquia San Gines en el año 1959 aproximadamente, y los cursillistas de la Cristiandad construyeron en el terreno de 750 metros, seis viviendas".

- El Juzgado deslegitima a IVECO

En octubre de 2011,  el Juzgado de primera instancia nº 4 de Arrecife- Lanzarote, deslegitimó a Juan Antonio Rivera, S.L. (IVECO) para desahuciar a dos familias de sus viviendas de Argana. En el EXP.570/2011, el Juez Juan José Cobo Planas consideró, basándose en la escritura de compraventa, que "la empresa tan sólo compró un solar a la Diócesis de Canarias"; añadiendo que  "en la escritura pública se hace referencia a unas viviendas que están sobre el solar, y que Juan Antonio Rivera S.L. conoce su existencia", pero esas viviendas "no son objeto de la compraventa, sin que tampoco se atribuya al comprador del solar ningún tipo de derecho (posesorio o de otra naturaleza) sobre las referidas viviendas".

En el caso del matrimonio de ancianos, la empresa recurrió a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, y con fecha 28 de Junio de 2013, dictó sentencia. Éstos son los FUNDAMENTOS DE DERECHO: "Primero.- Dice que en autos quedó probado que la anterior propietaria del inmueble urbano donde se encuentran las casas ocupadas por los demandados, la Diócesis de Canarias enajenó el solar con las viviendas en mal estado que se encontraban en su interior; la única salvedad que hizo en la escritura pública de compraventa fue la de especificar que esas viviendas estaban ocupadas, y que no constituían carga, gravamen ni estaban sujetas a arrendamiento, y de conformidad con los artículos 350,359,609 y 1450 todos del Código Civil, el comprador- el hoy actor apelante- adquirió el derecho de propiedad sobre el inmueble que se le vendió su anterior propietaria comprensiva de las viviendas de su interior, las cuales no fueron excluidas de la trasmisión".

Andrés Medina dejó bien claro en ese momento que "ES FALSO QUE LAS VIVIENDAS ESTUVIERAN EN MAL ESTADO. ES FALSO QUE EL SR. SINFORIANO MARCIAL LEMES RODRIGUEZ NO TENÍA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO".

- El Abogado y la Procuradora "se olvidaron de recurrir"

En el escrito en la parte final dice: "Llévase certificación de la presente sentencia al rollo de esta Sala y a los autos de su razón y notifícase a las partes haciéndoles saber que contra la misma podrá interponer recurso de casación exclusivamente por interés casacional (art. 4772,3º LEC, al hacerse seguido el procedimiento por razón de la materia, y , en su caso, conjuntamente, extraordinario por infracción procesal(por los motivos dispuestos en el art. 469 LEC), Deberá interponer ante este Tribunal en el plazo de veinte días a contar desde la notificación de esta sentencia, y cuyo conocimiento corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo, debiéndose cumplir los requisitos previstos en el capitulo IV- en relación con la disposición final decimosexta- y en ekl capitulo V del titilo IV del libro II de la ley de enjuiciamiento Civil. Al tiempo de interponerse será precisa, bajo perjuicio de no darse tramite, la constitución de un deposito de cincuenta euros, por cada uno de los recursos interpuestos, debiéndose consignar en la oportuna entidad de crédito y en la cuenta de depósitos y consignaciones, abierta a nombre de este Tribunal, lo que deberá ser acreditado".

Según denunció Andrés Medina,  "la procuradora asignada para defender el juicio en la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sra. Gemma Ayala Dominguez, no presentó recurso alguno de casación, como dice la sentencia; ni el abogado de Lanzarote Augusto Lorenzo Tejera, ni el procurador José Ramos Saavedra, dejando a los ancianos sin poder defenderse".

Ante la falta de recursos, con fecha 15 de Octubre de 2013 , la procuradora de la empresa presentó escrito en el Juzgado de primera instancia nº 4 de Arrecife- Lanzarote, formulando la demanda de ejecución de sentencia firme de fecha 28 de Junio de 2013, contra Sinforiano Marcial Lemes Rodriguez.

- ¿Falso funcionario del Juzgado?

Pero no acabaron ahí las desgracias del matrimonio de ancianos. Medina advierte que "a finales del mes de Octubre de 2013, se presento en la vivienda del Sr. Sinforiano Marcial Lemes Rodriguez, un familiar del empresario, haciéndose pasar por una funcionaria del juzgado para entregarle unos documentos como que tenía que abandonar la vivienda. Un nieto del Sr. Sinforiano que estaba en la vivienda se extrañó, y al rato salió de la vivienda y vió como la persona que había estado en la casa, se metió en las instalaciones de la empresa que están en la misma calle de la vivienda". Añadiendo que "pasado unos días fuimos al juzgado, la hija María y Andrés de la Cruz Medina Medina , para informar lo que le había ocurrido a sus padres, y que por parte del juzgado nos dieran más información de lo que había pasado en el juicio de la Audiencia Provincial de Las Palmas, al no tener información como que la sentencia fue favorable a la empresa".

"La funcionaria nos dijo que informaría y que viendo la documentación ya no se podía recurrir y que era la sentencia en firme, que esperáramos a que el juzgado enviara el escrito de desahucio", continúa su relato.

- "Han desaparecido el abogado y el procurador"

Mucho más grave, según Medina, es el hecho de que "el abogado de oficio y el procurador asignados por el colegio de abogados de Lanzarote, nunca se pusieron en contacto con el matrimonio para informarles la situación en que habían quedado después de la sentencia. La Sra. María se presento en el despacho del abogado Augusto Lorenzo Tejera y su hermano le comunicó que ya no estaba ejerciendo y que estaba ahora en la política. Igualmente al procurador le ha estado llamando a su teléfono, no había forma que contactara con él".