En declaraciones a la Agencia Canaria de Noticias ACN Press, Guerra explicó que mediante un simple escrito dirigido a la dirección de Videoreport Canarias, productora adjudicataria del concurso, Willy García ha impuesto la supresión de importantes servicios descritos en el contrato “sin ni siquiera calibrar las consecuencias”. Estos recortes del contrato, decididos en aplicación del denominado Plan de Viabilidad de la televisión autonómica, “suponen un grave incumplimiento y una modificación sustancial del pliego de condiciones” por el que le fue adjudicada a Videoreport la realización de los programas de contenido informativo. 

En opinión de Miguel Guerra, esta “sustantiva alteración” de las condiciones de prestación de los servicios informativos ha supuesto la aplicación por parte de la empresa de un expediente de regulación de empleo (ERE) que ha colocado en la calle a 41 trabajadores. Guerra, que es miembro del Consejo de Administración del Ente en representación de Nueva Canarias, señala que la cifra de profesionales afectados “podría ampliarse hasta 65”, toda vez que el escrito de Willy García a Videoreport “abre la puerta a más despidos al reducir a la mínima expresión los requerimientos de medios humanos para la prestación de los informativos”. 

POSIBLE PREVARICACIÓN

El consejero de RTVC explica que, con los recortes comunicados a Videoreport, Willy García continúa aplicando el denominado Plan de Viabilidad 2012-2014, derivado de una orden del consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del pasado 15 de mayo. Miguel Guerra denuncia que el citado documento no ha sido aprobado en el Consejo de Administración del Ente, tal y como es preceptivo, según establece la Ley Canaria de Radiodifusión y Televisión y el propio reglamento del Ente Público. 

Guerra recuerda que en las últimas sesiones del Consejo de Administración, tanto él como otros consejeros del Ente, han exigido sin respuesta un informe jurídico que avale la legitimidad de las actuaciones del director general, advirtiendo a Willy García de la comisión de un posible delito de prevaricación al aplicar decisiones unilaterales sin el consentimiento ni la aprobación del Consejo.

Por último, el consejero de RTVC lamenta que las decisiones “unilaterales” que está tomando Willy García están teniendo “gravísimas consecuencias”, tanto para el cumplimiento de las obligaciones de servicio público de la televisión y de la radio pública de Canarias como para el importante número de profesionales que han sido despedidos.