El Juzgado de Instrucción N.º 4 determina la reapertura de diligencias previas, atendiendo a la solicitud del Ministerio Fiscal para examinar tres contratos del Consejo Insular de Aguas y uno de Inalsa

 En la misma diligencia también recoge que “los motivos por los que se interesó el sobreseimiento provisional por el Ministerio Fiscal en el informe de 25 de enero de 2017 se encuentran, prácticamente en su integridad, refrendados por el mismo, así no se advierte irregularidad alguna en lo relativo al abono del denominado canon de Inalsa al Consorcio, ni respecto la modificación de la tarifa de agua, la convocatoria del procedimiento abierto de concesión de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización del agua en la isla de Lanzarote de noviembre de 2012”.

En dichas diligencias previas reabre el caso por la denuncia de Alternativa Ciudadana por cuatro contratos con presuntas irregularidades que va a examinar, de los cuales solo reabre uno, por ser objeto de la presente causa, que es constatar si desde la mercantil Inalsa se desviaron importes monetarios sin justificar, y en concreto examinar el contrato relativo a la remodelación de la planta Lanzarote II por un importe de 97,245€, que debe ser, como muy reciente de la pasada década.

De los otros tres contratos que se envían a reparto del juez de instrucción:

1º.- El primero -el de mayor cuantía- es la obra ejecutada por el Consejo Insular de Aguas relativa a la ampliación del Centro de Producción Sur de agua desalada, con un coste final de 1,8 millones de euros, en diciembre de 2007, fecha en que presidía la Institución Manuela de Armas (PSOE).

2º.- El segundo, es el contrato del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote para la sustitución de la tubería Uga-Las Breñas, con coste final de 1,5 millones de euros, en junio de 2010. Tenía las competencias delegadas Fabián Martín, grupo PIL.

3º.-El tercero que es un expediente de contratación del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote para la sustitución de tubería de la red de Inalsa, con un coste de 1,2 millones de euros en agosto de 2012, cuando tenía las competencias delegadas Sergio Machín.