Investigado un obrero de la construcción por "usurpación del estado civil", y su jefe por un delito "contra los derechos de los trabajadores"
Las pesquisas policiales comenzaron a raíz de una primera actuación desarrollada el pasado 6 de mayo por agentes del Destacamento de Tráfico de Arrecife que, realizando dispositivos de seguridad y verificación de los normas del estado de alarma sanitaria, dieron el alto a varios vehículos. En uno de ellos iba el empleado, que al ser identificado por los agentes mostró solo un certificado laboral expedido por la empresa para la que trabajaba, pero a nombre, como se comprobó posteriormente, de una tercera persona.
Sin embargo, ante las dudas generadas en los agentes, finalmente señaló que su identidad era otra y que estaba en situación irregular en España, usando la identidad de una tercera persona para trabajar bajo una apariencia legal, pero con el presunto conocimiento de su empleador.
Coincidiendo que éste último se encontraba en otro de los coches, los agentes de Tráfico le identificaron y le preguntaron acerca de la identidad de su presunto empleado, comentando a los agentes que lo desconocía ya que ese trámite lo realizaba su gestoría.
Investigación de la Policía Judicial
Los agentes del Destacamento de Tráfico dieron a conocer sus actuaciones a la unidad competente en la zona, el Equipo de Policía Judicial de Tías, que se hizo cargo de la investigación de sendos delitos de usurpación del estado civil y otro contra los derechos de los trabajadores.
Tras las pertinentes pesquisas policiales realizadas los agentes de Policía Judicial recopilaron los indicios suficientes para investigar como presuntos autores de los citados delitos a los dos hombres, “uno por usar presuntamente la identidad de una tercera persona –familiar político del empleador o empresario- y el segundo por supuestamente tener trabajando a un ciudadano extranjero de forma irregular, ya que el primero se encuentra en situación ilegal en España, se usaba la identidad de otra persona y no presenta contrato laboral alguno”.
La Guardia Civil recuerda que el Código Penal castiga con penas de multa o prisión a quienes “mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual”.
Ambas personas han quedado a disposición del correspondiente Juzgado, en funciones de guardia, de la localidad de Arrecife.