El Gobierno de Canarias reconoce que se han extraído áridos de manera ilegal en el Jable de Famara, espacio de la Red Natura 2000
Mediante una resolución, la Dirección General de Industria ha denegado la autorización de extracción de áridos en una zona del Jable de Famara, por detectar que ya se había iniciado la actividad sin contar con la autorización necesaria para ello. Las organizaciones ambientales llevan tiempo denunciando esta actividad que supone un impacto muy grave para la biodiversidad en una zona protegida y de muy alto valor ecológico perteneciente a la Red Natura 2000.
Meses alertando de las graves amenazas que afectan al Jable de Famara
SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción Lanzarote, además de otras organizaciones ambientales como Desert Watch y Frente de Lanzarote, llevan meses alertando sobre el estado de conservación del Jable de Famara (Lanzarote), espacio incluido en la mayor red coordinada de espacios protegidos del Mundo, la Red Natura 2000. Se trata de un espacio de alto valor ecológico, reconocido por distintas figuras de protección y que constituye el sitio más importante de Canarias para la hubara canaria, una subespecie de ave propia de ambientes subesteparios que, en España, solo se encuentra en La Graciosa, Lanzarote y Fuerteventura y que está catalogada como En Peligro de Extinción. Este espacio se ve afectado por una serie de amenazas que ponen en riesgo su conservación. Además de la realización de carreras ilegales de vehículos a motor y el vertido de residuos o el tránsito sin control de personas y vehículos, se unen las extracciones de áridos que se encuentran entre las peores afectaciones que están teniendo lugar.
SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción Lanzarote tienen constancia de que se realizan extracciones de áridos de manera ilegal desde hace meses, por lo que en marzo remitió una petición de información ambiental al Servicio de Minas de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio en la que se preguntaba por el estado actual de las autorizaciones de extracción, dado que la información del portal de datos del Gobierno de Canarias se encuentra desactualizada. A día de hoy, no se ha recibido ninguna respuesta por parte de la Administración.
Paralización cautelar de las autorizaciones de extracciones de áridos en El Jable
Dada la situación actual de este delicado espacio y el impacto de las extracciones de arena o jable que se vienen realizando, en julio, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción Lanzarote solicitaron que se paralizaran las autorizaciones que se estaban tramitando. Para ello se ampararon en que se estaba tramitando el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de este espacio y mientras esto ocurre, la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias impide que se puedan realizar actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos del Plan. Hasta el momento, no se ha recibido una respuesta oficial a esta petición. “Con esta acción, se pretendía salvaguardar la protección del Jable, de manera que su instrumento de gestión permita ordenar un uso sostenible del entorno en el futuro, esto no es posible si se autorizan extracciones de arena que puedan quedar fuera de dicho Plan“, señala Elena Solís, coordinadora estatal del área de minería de Ecologistas en Acción.
El Gobierno de Canarias certifica que se extrajeron áridos de manera ilegal del Jable de Famara
En una nueva la notificación al hilo del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la “Cantera Blanca”, la Consejería de Industria, Turismo y Comercio deniega la autorización de extracción de áridos indicando que se tiene constancia de que ya se ha iniciado la actividad extractiva, pese a no haber concluido dicho procedimiento de evaluación de impacto, con arreglo a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción Lanzarote consideran, además, que se ha producido una infracción muy grave de acuerdo al art. 55.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre y remitirán una denuncia en la que solicitarán que se inicie un expediente sancionador. Para este tipo de infracciones dicha ley prevé multas que pueden llegar hasta los dos millones de euros. “Las autorizaciones ambientales no son meros trámites, son herramientas que nos permiten anticipar el impacto de un proyecto para valorar si es pertinente o no realizarlo, si lo ejecutamos antes de que nos lo autoricen estamos adulterando todo el procedimiento”, indica Yarci Acosta Santana, delegado de SEO/BirdLife en Canarias.