La falta de médicos en la Prisión de Tahiche, colapsa el Servicio de Urgencias del Hospital
FSP-UGT ha denunciado la "anómala y difícil situación que en la unidad de Urgencias del Hospital Dr. José Molina Orosa, se ha venido produciendo estas últimas semanas". Todo ello debido a la falta de médicos en la Prisión de Tahiche, y la derivación de los presos al centro hospitalario.
Según denuncia el sindicato, "últimamente los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, han estado llevando a dicho servicio a la población reclusa del Centro Penitenciario de Tahiche para la relización de pruebas y exámenes sin que las patologías indicaran una consulta de urgencias".
Para FSP-UGT, "la razón de este mal uso del servicio viene dada por la falta del servicio médico en el Centro Penitenciario, puesto que, según los representantes sindicales del centro, sólo disponen de un médico interino cuando en la plantilla debería haber al menos 3 facultativos para cubrir todas las necesidades del centro".
"Derivados" los presos al Hospital de Lanzarote
La situación se ha agravado estas semanas, debido a que "el médico interino del Centro Penitenciario ha disfrutado de permisos, quedándose dicho centro sin la imprescindible figura del médico en un centro penitenciario, lo cual, ha motivado que el personal del centro haya tenido que 'derivar' tanto a los reclusos con problemas de salud como a los reclusos de nuevo ingreso al Centro Hospitalario".
El sindicato denuncia que "se ha estado exigiendo al servicio de Urgencias que se hicieran pruebas diagnósticas como analíticas de tuberculosis, hepatitis ó VIH que no están incluidas en la cartera de Servicios de Urgencias y que éstas son pruebas que se hacen o se deben hacer a los internos de nuevo ingreso en el Centro Penitenciario por el médico del mismo, sin poner en riesgo a la población lanzaroteña, además de solicitar 'prioridad' en la atención de los mismos, aunque su patología no indique dicha urgencia".
Exceso de gasto en el Hospital
Por otro lado, advierten que "esta práctica conlleva un exceso de gasto no previsto en el Centro hospitalario y en la Consejería de Sanidad, cuyos presupuestos dependen de los de la Comunidad Autónoma, mientras que el Centro Penitenciario tiene su presupuesto con cargo a las cuentas de la Administración Central, es decir, la Administración General del Estado (AGE)".