El Centro Penitenciario de Tahiche no tiene médico facutativo
Desde la FSP-UGT de Lanzarote (Sector Prisiones), queremos denunciar la gravísima situación que se viene produciendo en la asistencia sanitaria del Centro Penitenciario de Arrecife de Lanzarote:
Desde hace más de tres años el citado centro solamente cuenta con un médico para atender a una población de unos 500 internos, población especialmente sensible por las diversas y graves patologías que suelen darse, muchas de ellas infectocontagiosas, psiquiátricas, etc.
Esta situación se ha agravado especialmente en la última semana, debido a la ausencia del único médico, lo cual ha dejado al Centro penitenciario sin asistencia facultativa, lo que ha provocado que las labores habituales del facultativo se estén trasladando al servicio de urgencias del Hospital General "Doctor José Molina Orosa", con la consiguiente sobrecarga del servicio público de urgencias y los trastornos a los ciudadanos enfermos.
Asimismo, los traslados de los internos al mencionado hospital generan un alto costo en transporte, custodia de las FSE, etc, todo ello por la política de recortes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que mantiene desde hace varios años, y en especial en este Centro Penitenciario, con 5 plazas vacantes de médico facultativo sin cubrir, con las que el centro se encuentra dotado en su relación de puestos de trabajo.
La falta de asistencia facultativa en el centro está provocando, asimismo, situaciones de peligro en los trabajadores del centro, así como desprotecciones en sus obligaciones reglamentarias, ya que para muchas de las actuaciones regimentales diarias es imprescindible el informe del médico del Centro Penitenciario. También es función del facultativo la redacción y control de los protocolos ante enfermedades infectocontagiosas, por lo cual deja desprotegidos a los internos y trabajadores ante cualquier brote de las citadas enfermedades (tuberculosis, parásitos, hepatitis, etc).
Por todo lo anterior, exigimos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que se contraten de manera inmediata a los médicos necesarios para atender adecuadamente a los internos, según ordena la normativa vigente, evitando así la sobrecarga de los servicios públicos de urgencias con asistencia médica a internos cuyos procesos no son urgentes, con el consiguiente perjuicio al resto de los usuarios.