Un alcalde baraja la posibilidad de meter a Antonio Leal en la cárcel

Un Alcalde baraja la posibilidad de meter Antonio Leal, a la cárcel

 

En este país y más concretamente en Canarias y Lanzarote en particular, el hecho de denunciar a un político por  sus corruptelas y mala gestión en los organismos oficiales, es un serio problema.

Quienes denuncia a la clase política terminan siendo perseguidos, acosados, acusados de loco o amenazados con llevarlos a la cárcel.

Algunos políticos y funcionarios creen que la legislación no se hizo para ellos

Hay quienes creen estar por encima de las leyes y piensan que son intocables y que nadie les puede denunciar

Hacer dejación de sus funciones, no actuar y mantener silencio intencionadamente, para intentar conseguir que se realice los eventos públicos, sin tener estos los condicionantes legales, de seguridad y sanitarios que precisan, se puede considerar ¡imprudencia temeraria! Y un gravísimo atentado contra las normativas legales existentes y la vida de miles de personas.

“Hecho este que denunciamos”.

Consideramos que las actitudes caudillista pertenecen al pasado y que esta forma de proceder en la sociedad actual no se puede permitir.

La soberanía nacional reside en el pueblo, del que emanan los poderes del Estado y la clase política elegida en las urnas están para servir a la ciudadanía para eso cobran del erario público.

Ciertos personajes que están en lo público, tachan de locos, manipuladores y vividores aquellas personas que les denuncia por vulnerar las leyes y por corruptos.

Puntualizar que los vecinos y colectivos sociales no estamos para reírle las gracias a quienes gobiernan nuestras instituciones oficiales, ni tenemos que estar de acuerdo de forma obligatoria con sus gestiones y proyectos.

Si desde nuestra parcela social consideramos que las actuaciones y proyectos de quienes gobiernan, no son todo lo correcta que debiera, es nuestro deber denunciarlo de forma oficial, pública y judicial.

No tenemos que callarnos, ante lo que podemos considerar un hecho incorrecto, una injusticia o que consideramos que se puede hacer de otra manera.

Estando informados los responsables de un  Ayuntamiento (funcionarios, técnicos, políticos etc.) de las presuntas ilegalidades a través de una denuncia, estos tienen la obligación de investigar los hechos y tratar de evitar, por cualquier medio que tengan a su alcance que las ilegalidades se cometan.

Si conociendo las ilegalidades los responsables del Ayuntamientos, hacen dejación de sus funciones y no actúan, estos pasan a ser tan responsables como los propios infractores de los delitos que se cometan. No deben olvidar que los miembros de los organismos oficiales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizado en el ejercicio de sus cargos.

La verdad es que los ciudadanos nos vemos totalmente impotente ante este tipo de situación, no queremos creer que puedan existir personas que se les permitan estar por encima de las leyes y por encima del bien y el mal.

Los funcionarios, técnicos y políticos bajo ningún concepto pueden hacer dejación de sus funciones y mucho menos aun cuando se puede estar vulnerando las reglamentaciones vigentes.

Terminar diciendo, que si algún Alcalde cree tener la posibilidad de meter a Antonio Leal en la cárcel, que lo lleve a Tribunales de Justicia y lo intente, pero que procure no equivocarse. “Las amenazas nunca son buenas concejeras.”

Parece ser que existen algunos concejales y Alcaldes que están barajando la posibilidad de poder meter a Antonio Leal a la cárcel para de esta manera evitar que este agente social siga denunciando todas las irregularidades que cometen los delincuentes políticos. Esta afirmación que aquí indicamos es más que cierta.

Pero que les quede claro que quien denuncia es el colectivo y nos sus dirigentes.

Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local

18.1 Son derechos y deberes de los vecinos participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

Articulo 231.1

Las solicitudes que dirijan los vecinos al  Ayuntamiento en petición de aclaraciones o actuaciones municipales, se cursaran necesariamente por escrito, y será contestada en los términos previsto en la legislación sobre procedimiento administrativos.