VECINOS UNIDOS lleva a la Fiscalía el Plan General Supletorio de Yaiza
VECINOS UNIDOS Lanzarote ha presentado en la Fiscalía de Arrecife un Escrito, en el que reflejan las numerosas "irregularidades" detectadas por dicha formación política en el Plan General Supletorio de Yaiza, por si las mismas "pudieran ser CONSTITUTIVAS DE DELITO". Recordando que "hay numerosas SENTENCIAS FIRMES (y numerosas imputaciones de políticos y empresarios)" en al menos 4 Planes Parciales de Playa Blanca, y sin embargo, "el nuevo Plan General de Yaiza PRETENDE ANULAR TODAS LAS DECISIONES JUDICIALES".
En la mañana de este lunes, VECINOS UNIDOS presentó en la Fiscalía un extenso Documento (12 folios con planos y fotografías), centrado principalmente en 4 de los planes parciales de Playa Blanca, afectados por numerosas Resoluciones Administrativas y Judiciales (en la mayoría de los casos, Sentencias Firmes); y sobre los cuales, los Redactores del nuevo Plan General Supletorio de Yaiza (aún no aprobado) pretenden "anular todas las decisiones judiciales, permitiendo construir lo ya prohibido, e intentando indultar a las construcciones condenadas a ser demolidas", como si este proyecto de planeamiento "TUVIESE MÁS PODER QUE LA JUSTICIA".
- Plan Parcial "Playa Blanca"
VECINOS UNIDOS recuerda que "entre diciembre de 2003 y marzo de 2004, el entonces Alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes,dictó varios Decretos autorizando el inicio de las obras de urbanización del suelo en el Plan Parcial Playa Blanca y las Ordenanzas del mismo. El citado Plan Parcial ocupa una superficie de suelo de 1.155.280 m2 y tenía prevista la ocupación de edificaciones con una capacidad alojativa de 5.570 plazas con un total de 1.850 viviendas". Sin embargo, el 1 de abril de 2009, la Seccción Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sentenció que el Plan Parcial (la urbanización, ordenanzas y licencias) quedaba "SIN COBERTURA JURÍDICA ALGUNA", recordando que ya "quedó EXTINGUIDO desde el año 2001 con la Ley de Moratoria Regional 6/2001". Añadiendo dicha Sentencia Firme que "los acuerdos de ejecución en sus determinaciones ERAN NULOS POR CARECER DE COBERTURA LEGAL ALGUNA", y advirtiendo a los promotores que "NO PODRÁ EDIFICARSE tras confirmarse su anulación".
Por todo lo expuesto, VECINOS UNIDOS muestra su sorpresa ante la Fiscalía porque ahora los Redactores del nuevo Plan General Supletorio, pretenden "resucitar" el citado Plan Parcial destinando "una PARCELA HOTELERA de 41.000 m2 de extensión, con una SUPERFICIE EDIFICABLE de 25.000m2, con capacidad para 539 camas", estimando asimismo "un total de 1.474 VIVIENDAS para una población aproximada de 3.021 habitantes". Con el añadido de que "los promotores privados" podrán edificar "165.092,34 m2 en la urbanización, LA MISMA QUE CON EL PLAN ANULADO POR LOS TRIBUNALES". Y encima advierten (los redactores) que pretenden "redactar un nuevo instrumento de gestión privada adaptado a las nuevas determinaciones de ordenación establecidas", así como un "proyecto de urbanización".
Por ello, VECINOS UNIDOS eleva ante la Fiscalía las siguientes preguntas: "¿Acaso olvidan que eso mismo fue lo que hizo el ex-Alcalde de Yaiza en 2004, y que luego se lo anuló la Justicia? ¿Acaso olvidan que el Plan Parcial "Playa Blanca" está anulado por la Ley 6/2001, y por el TSJC?".
- Parcela de Costa Roja
El partido vecinal recuerda que "en diciembre de 2006, el entonces Alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, le otorgó al Promotor y constructor Fernando Luis Lleó Kühnel, Licencia para construir en la enorme bolsa de suelo de Costa Roja (al norte de Playa Blanca), un Gran Residencial. Concretamente se hablaba de 1.012 viviendas, 228 locales comerciales y más de 2.500 plazas de garaje". Sin embargo, "el proyecto de construcción fue otorgado en SUELO NO URBANO, tal y como está reflejado en el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) de 1991". Motivo por el cual, en 2008 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Las Palmas SUSPENDIÓ LA LICENCIA, ordenando que se paralizara el proyecto "mientras se resuelve el proceso judicial". Al mismo tiempo se imputaba penalmente al ex-Alcalde, al Secretario y al Jefe de la Oficina Técnica de Yaiza, por PREVARICACIÓN. Más aún, el caso "Unión" dio comienzo tras el intento de soborno por parte del Promotor Luis Lleó (que acabó en prisión) al consejero del Cabildo Carlos Espino, para que "desbloqueara judicialmente dicha zona".
Por lo anteriormente expuesto, VECINOS UNIDOS vuelve a mostrar su sorpresa, ya que los redactores del nuevo Plan General quieren convertir el "Suelo Rústico de Cultivos" en SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO NO ORDENADO, dando pie a la construcción de "un hotel-escuela con la categoría de 5 estrellas" (a un apoderado de la misma empresa paralizada por la Justicia), y a la urbanización de 2 fincas que suman 440.295 m2; mientras que el resto estaría destinado al "proyecto de un campo de golf" (para el también imputado Juan Francisco Rosa). Aunque lo más grave es que piden que "EL CABILDO RENUNCIE AL PROCEDIMIENTO JUDICIAL", para así poder construir YA.
VECINOS UNIDOS le pregunta a la Fiscalía: "¿No valen de nada los Informes del Ayuntamiento antes de la concesión de las licencias ilegales? ¿No vale de nada que haya un procedimiento judicial abierto con unas medidas cautelares en vigor? ¿Cómo es posible que los mismos imputados por la Justicia sean los mismos BENEFICIARIOS en el Plan General?".
- Plan Parcial "Puerto Calero"
VECINOS UNIDOS informa a la Fiscalía que "el 5 de diciembre de 2006, el entonces Alcalde de Yaiza... por Decreto le concedió una Licencia al conocido Arquitecto (y esposo de la princesa Alexia de Grecia), Carlos Morales para que edificara un chalet en una estrecha franja de suelo comprendida entre el Plan Parcial Puerto Calero y el Plan Parcial Cortijo Viejo". Sin embargo, en mayo de 2009 el Juzgado nº 5 de Arrecife dio inicio a la Operación "Unión", ordenando "la paralización de las obras... ya que están en SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN TERRITORIAL". Carlos Morales está imputado por un Delito contra la Ordenación del Territorio; y el ex-Alcalde por Prevaricación. Téngase en cuenta que la Mansión (casi 1.500 m2 construidos en una parcela de 4.300 m2), se hizo con una Licencia "manifiestamente ilegal y NULA DE PLENO DERECHO", según el Informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Por todo ello, VECINOS UNIDOS muestra su sorpresa al saber que "el nuevo (y todavía no aprobado) Plan General de Yaiza pretende CONVERTIR EN URBANOS más de 80.000 m2 en esa franja de terreno, lo que legalizaría la casa de Morales “y 11 más que se han construido en los últimos años”. Este nuevo Plan permitiría construir “hasta 60 viviendas”; y para colmo, Carlos Morales es propietario de unos 10.000 m2 en la zona, con lo que pasaría de estar imputado a construir más o especular con el terreno, al que ya denominan (sin estar aprobado) “Puerto Calero 2”.
La formación política vecinal pregunta a la Fiscalía: "¿No valen de nada las calificaciones de terrenos en el municipio de Yaiza, o sólo según para quién? ¿No importan las investigaciones de la Guardia Civil y del Juzgado nº 5 en referencia a las licencias anuladas? ¿Acaso un planeamiento no aprobado puede “anular” las sentencias e investigaciones judiciales”, presuntamente para beneficiar a un “alto personaje”?
- Plan Parcial "Costa Papagayo"
Por último, VECINOS UNIDOS recuerda que el 1 de junio de 1998,el entonces Alcalde de Yaiza (el mismo de siempre) concedió al Grupo "de Juan Francisco Rosa" una Licencia de Proyecto Básico para Hotel de 4 estrellas. Lo que sería el polémico "Princesa Yaiza"... Pero el 30 de junio de 2008, la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Sentencia Firme "ANULÓ LAS LICENCIAS de ese Hotel, abriendo la puerta a la DEMOLICIÓN DE GRAN PARTE DE SU ESTRUCTURA".
Sin embargo, el nuevo Plan General (no aprobado), para sorpresa de VECINOS UNIDOS, pretende "regularizar la veintena de complejos hoteleros con licencias anuladas por la Justicia" a cambio de una "COMPENSACIÓN ECONÓMICA" de unos 4 millones de euros. Es decir, que cada complejo debe abonar "unos 200.000 euros" a cambio de "adaptarse a la normativa urbanística del nuevo Plan General". Y por si fuera poco premio, "podrán aumentar un 50% su edificabilidad".
Por todo ello, la formación político-vecinal le pregunta a la Fiscalía: "todos aquellos que puedan pagar, ¿tienen poder para eludir las Sentencias Firmes? ¿Las ilegalidades reconocidas por la Justicia, se pueden evitar pagando “un canon”? ¿Un Plan, aún no aprobado, puede deshacer decenas de Sentencias Judiciales Firmes? ¿Significará que todos los imputados puedan de la noche a la mañana, quedar “libres de toda culpa”?".