Puertos Canarios solicita a Madrid la ampliación del Puerto de Playa Blanca
El presupuesto de las obras, de Excepcional Interés Público, asciende a unos 60 millones de euros y la ampliación se ha incluido en el Programa Operativo de Fondos Europeos para el periodo 2014-2020
El Puerto de Playa Blanca, que conecta Lanzarote con Fuerteventura, movió el pasado año 870.000 pasajeros y unos 200.000 vehículos
El ente público empresarial Puertos Canarios, que preside el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha solicitado a la Dirección General de sostenibilidad de la Costa y el Mar la adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre, que permita llevar a cabo la ampliación del Puerto de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, en Lanzarote.
La ampliación del recinto, cuyas obras han sido presupuestadas en unos 60 millones de euros, ha sido declarada de Excepcional Interés Público. Con esta actuación Puertos Canarios pretende mejorar las condiciones de operatividad, seguridad y servicios de las instalaciones actuales, así como potenciar las comunicaciones de Lanzarote con la isla de Fuerteventura, y satisfacer la demanda de diversificación y recualificación de la oferta de ocio náutico en Playa Blanca, al tiempo que conseguir los objetivos de la planificación portuaria insular y autonómica.
Así, la obra de ampliación del puerto de Playa Blanca es, junto con la de Agaete, “una prioridad absoluta” para Puertos Canarios, según su director, Juan José Martínez. “Prueba de ello –concretó Martínez- es que hemos incluido ambas obras en la propuesta canaria sobe proyectos elegibles con financiación europea para el periodo 2014-2020”.
Por este motivo, el director de Puertos Canarios señaló que no cree que haya problema alguno en poner en marcha la obra, en cuanto se obtenga la adscripción del dominio público marítimo-terrestre por parte del Estado, un trámite que, según Martínez, “se alarga por lo general y desgraciadamente, al menos seis meses”.
El Puerto de Playa Blanca, que conecta la isla de Lanzarote con Fuerteventura, está considerado como Puerto de Interés General de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por sus instalaciones pasaron en el primer cuatrimestre de este año 290.290 pasajeros, lo que representa un incremento cercano al 15% respecto al mismo periodo de 2013, situando a este puerto entre los primeros en cuanto al tránsito de pasajeros.
El proyecto, que ha sido sometido ya al trámite de Información Pública, contempla una serie de actuaciones dirigidas a dotar a las instalaciones actuales de un nivel de calidad y seguridad acorde con las necesidades del servicio. Entre las actuaciones previstas destaca la realización de una dársena exterior al recinto actual con capacidad para los dos ferries que operan en el mismo y, eventualmente, para un crucero de tipo medio, dejando la dársena interior para uso deportivo y pesquero. Con esta solución, la ocupación de un nuevo espacio en la costa se minimiza y la generación de la nueva explanada es la estrictamente necesaria para la actividad del puerto.
El proyecto consiste en la ampliación y mejora de los usos del puerto existente, y supone un incremento de superficie de 75.000 metros cuadrados, en la zona de dominio público marítimo terrestre. El ámbito territorial de dicha actuación es, concretamente, la zona de dominio público marítimo terrestre adyacente al puerto existente en sus flancos Oeste y Sur, hasta la cota batimétrica –17 metros, que genera una nueva lámina de agua abrigada de 38.000 metros cuadrados y 37.000 metros cuadrados de superficie en tierra.
Así, la capacidad final de embarcaciones de recreo y deportivas será de 166 atraques, siendo en la actualidad de 129, quedando de la siguiente manera: 17 amarres pesqueros, 145 amarres deportivos de entre cinco y 20 metros de eslora, y cuatro amarres para embarcaciones turísticas. La ordenación prevista contempla las siguientes actuaciones: mantener el varadero en la zona actual, generar una zona reservada para pescadores donde se localizaran nuevos pañoles, una zona de usos generales, otra de uso náutico-deportiva y una zona reservada para embarcaciones turísticas en el dique existente; así como incluir dos puntos limpios.
Un proyecto consensuado con el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza
Antes de optar por la solución definitiva fueron barajadas 26 alternativas, hasta llegar a un consenso con el Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Yaiza. El pasado año el director gerente de Puertos Canarios, Juan José Martínez, trasladó a ambas instituciones un estudio con las modificaciones sugeridas, y la realización de un ensayo en canal y en 3D, que dieron lugar a algunas modificaciones que optimizaban las secciones propuestas. También se volvieron a estudiar durante el proceso las vías de circulación y la ubicación de los servicios.
La opción finalmente seleccionada ofrece ventajas tanto en lo relativo a la ordenación operativa del puerto comercial como a la reducción de los riesgos de demora y accidentes.
La alternativa seleccionada presenta diversas ventajas en lo concerniente a la ordenación operativa para los usuarios del puerto comercial, y la reducción de los riesgos de demoras y accidentes, así como por su idoneidad en cuanto a la preservación de la estética y continuidad del litoral en el entorno de afección. También mejora las condiciones de renovación de las aguas en el entorno portuario.
El desarrollo de la propuesta en el lugar y modo elegidos presenta, en conjunto, un impacto residual poco significativo sobre el medio natural y los usos del ámbito afectado debido, entre otras razones, a la capacidad de acogida que ofrece dicho espacio por la relativa pobreza que ostenta y la reducida incidencia ambiental que se asocia a las fases de obras y operatividad del proyecto, aplicando una serie de medidas correctoras. Resulta bastante apreciable, sin embargo, su incidencia positiva en lo que a los aspectos socioeconómicos del medio se refiere.
La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, que ha pasado ya el trámite de información pública, fue aprobada por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias el pasado 29 de julio.