El Cabildo considera catastrófica la supresión de las ayudas a la desalación del agua en los PGE

El grupo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote ha condenado enérgicamente el trato que el Gobierno de España ha dado a Canarias en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), donde ha recortado a cero la subvención a la desalación de agua en Canarias, especialmente a Lanzarote y Fuerteventura que dependen al 100% de la desalación de agua de mar para el consumo humano.

Conviene recordar que la eliminación de esta ayuda estatal a la desalación no es una medida de carácter general que afecte al conjunto del Estado sino que perjudica gravemente a las islas orientales del archipiélago canario.

De este modo, Lanzarote pasa de recibir 2,4 millones de euros en 2010 a 1,7 millones de euros en el ejercicio 2011, 800.000 euros en 2012, y quedarse sin consignación presupuestaria en 2013, con el gravísimo perjuicio que la eliminación de esta ayuda estatal causará no sólo al consumo doméstico, sino a otros ámbitos productivos; dado que a ello hay que añadir la brutal subida de los costes de la energía eléctrica que ha encarecido los costes de producción y distribución del agua en la isla en un 30% aproximadamente, lo que obligará a los canarios a pagar el agua más cara de España, dada nuestra absoluta dependencia del agua desalada.

Así, el Ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy hace oídos sordos a las numerosas mociones aprobadas por el pleno del Cabildo de Lanzarote dirigidas al Gobierno de España y a los senadores canarios en Madrid solicitando que la cuantía de la subvención a la desalación de agua de mar en Canarias contase con un importe global no inferior al consignado por este concepto en el ejercicio de 2010, que como se ha reseñado alcanzaba la cifra de 2,4 millones de euros, dada la alta dependencia de estas ayudas a la producción del agua en el archipiélago y, particularmente, en Lanzarote y Fuerteventura.

Para el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, “debemos rebelarnos ante lo que es un atentado contra el derecho constitucional a compensar el coste de lo básico y esencial para la vida como es el agua, y esta decisión del Gobierno del PP en los PGE constituye un atentado a la vida en las Canarias orientales”.

Desde que en el año 1983 comenzara a ser subvencionada la actividad de desalación de agua de mar en las Islas Canarias, con objeto de poder abaratar el precio final del agua potable y tratar de aproximarlo al precio medio del agua en la Península, “nunca antes ningún Gobierno de España había suprimido por completo esta ayuda y este tampoco lo hará si el PP canario no nos abandona, como hasta ahora”, manifestó San Ginés.

Por último, el presidente del Cabildo, “a pesar de ser consciente de que esta medida no es responsabilidad directa del PP canario ni de sus diputados y senadores, éstos sí serán cómplices de la misma si dan la espalda al pueblo canario que los eligió para defender al menos sus intereses más básicos y elementales y, esta vez, sí confío en que tanto los diputados canarios del PP en el Congreso de los Diputados, así como el presidente del Partido Popular (PP) en Canarias, José Manuel Soria, que se sienta en el Consejo de Ministros y, especialmente el senador por Lanzarote, expresen un ‘basta ya’ fulminante al maltrato presupuestario contra la Isla”.