Pedro San Ginés insiste en que la desaladora Montaña Roja es ilegal, siempre actúo por el bien de los vecinos y que volvería a hacerlo con la misma información
El presidente del Cabildo y del Consorcio del Agua, Pedro San Ginés, compareció esta mañana lunes 24 de julio en el Cabildo de Lanzarote para explicar el auto del Juzgado de Instrucción número 2 que instruye el Procedimiento Ordinario, tramitado a instancia de la entidad CLUB LANZAROTE, S.A, (Urbanización Montaña Roja), que dispone que continúe la “tramitación de las siguientes diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado, por si los hechos investigados fueran constitutivos de un presunto delito contra la Administración Pública y de un presunto delito de coacciones”. San Ginés reitera su absoluta tranquilidad ante este auto y afirma que “con los datos que tenía en ese momento, ahora volvería a tomar la misma decisión, ya que es irrefutable, y no niega el auto, ni negará ningún juez, es que la actividad -de la desaladora- es manifiestamente ilegal”.También considero que me ha generado indefensión ya que “este autoexpress en ningún caso cita o rebate ni una sola de las pruebas de la defensa que finalmente la Audiencia Provincial le obligó a diligenciar”.
El juez obligó a admitir 9 de las 10 pruebas que presentó la defensa que inicialmente había denegado y éstas no son valoradas o planteadas en el auto”.
El presidente del Consorcio insistió en afirmar que su actuación siempre ha sido la defensa de los Vecinos del Plan Parcial Montaña Roja y que además “voy a seguir haciéndolo”, que “la actuación estuvo asesorada por la secretaría del Consorcio que es la que me vincula y por la que pongo la mano en el fuego sobre su honestidad”. “Estoy convenido que tampoco el secretario, asesoró, ni tomó ninguna decisión a sabiendas de una injusticia, que es lo que se juzga en una prevaricación”. Tiene “una conducta intachable reconocida por todos lo que es 40 años en gobierno u oposición hemos tenido oportunidad de trabajar con él”.
Asimismo, recalcó que “no estoy siendo investigado por robar, por malversar, en definitiva por corrupción, ni cosa que se le parezca, sino por un una supuesta prevaricación administrativa”.
Tampoco está claro que llegue el juicio oral ya que recurriremos, entre otras cosas porque la ilegalidad de la actividad ha quedado acreditada tanto en dos actos administrativos de la máxima autoridad administrativa en la materia, que son el Consejo de Gobierno de Canarias, el 22 de mayo; y la resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias 5 de junio; así cómo un auto judicial del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Arrecife, 12 de junio; que piden la clausura o cese de la Desaladora.
Pedro San Ginés aclaró que “no voy a dimitir, siempre he sabido que defender los intereses de todos los ciudadanos, y del bien común supone que en ocasiones, los que operan al margen de la ley, nos lleven a situaciones de este tipo”. Aunque llegue el juicio oral que todavía no se sabe sigue siendo una supuesta prevaricación administrativa.
Y por último recordar que “los miembros de Coalición Canaria nos regimos por el código ético de Coalición Canaria en virtud del cual firmé un documento como candidato, código que dice “se podrán adoptar medidas cautelares de suspensión de militancia cuando se haya procedido judicialmente a la apertura de juicio oral y el Ministerio Fiscal formule escrito de acusación por delito que represente haberme desviado de responsabilidad pública para obtener provecho económicos para terceros o para el partido”, cosa que no es el caso