La lucha por el derecho al voto, un derecho humano fundamental
MOVIMIENTO POR LA UNIDAD DEL PUEBLO CANARIO
En todo el mundo existen organizaciones, tanto gubernamentales como no-gubernamentales, dedicadas a la supervisión de elecciones con la finalidad de conseguir elecciones libres y justas, elecciones, en resumen, democráticas, que contemplen desde la educación de los votantes hasta el escrutinio de los votos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, incluye en su artículo 21 como un derecho fundamental el derecho a votar: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.
La importancia del voto viene igualmente recogida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Carta Africana sobre Derechos Humanos de las Personas (Banjul), etc.
El Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos incluye en su artículo 25 ambos derechos, el de voto y el de elecciones libres, que deben ir indisolublemente unidos, garantizados por el también derecho fundamental de libertad de expresión, recogido en el artículo 19, siendo este el eslabón por el que se rompe la cadena de las convocatorias electorales del colonialismo español en Canarias lo que, conjuntamente con las antidemocráticas barreras electorales, nos lleva a la irreversible conclusión de que el derecho al voto se queda en una mera declaración de intenciones y sus convocatorias electorales no son ni libres ni democráticas y si injustas, pues no se realizan en igualdad de condiciones para todos los candidatos y fuerzas políticas, deveniéndose por lo tanto ilegítimas, lo que ha llevado a algunos compatriotas honesta y sinceramente anticolonialistas a apoyar la abstención ante las convocatorias electorales del colonialismo, para el que las consignas abstencionistas suponen un verdadero chollo, dado que no solamente no amenazan la opresión colonial sino que contribuyen a su perpetuación, resultando más radical la confrontación electoral, incluso en inferiores condiciones materiales pero con superioridad ética y moral, prolongando dicha pugna más allá de la contienda, pues al ser ilegítimas permite continuar la misma tanto en los tribunales estatales (con escasas por no decir nulas posibilidades, al formar parte dichos tribunales del entramado colonial, nombrados por los partidos metropolitanos que ejercen de brazo político del borbonato), como en los tribunales y organizaciones internacionales, entre las que destacan las Naciones Unidas con su Declaración Universal de los Derechos Humanos y su citado artículo 21 y su Pacto Internacional de Derechos Cívicos y Políticos de 1976, concretamente el artículo 25; El Consejo de Europa, específicamente la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, de 1953 (artículos 3, 9, 10 y 11) y la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa de 1990; La Unión Africana y su Carta Africana de Derechos Humanos (Banjul) de 1981 (artículo 31.1), destacando como instituciones privadas El Centro Carter, asociado a la Universidad de Emory, comprometido con los derechos humanos; El Centro para la Votación y la Democracia; El Instituto Internacional para la Democracia y la Ayuda Electoral, una organización intergubernamental; La Liga de Mujeres Votantes y un largo etc.
Como ha quedado suficientemente documentado el derecho al voto es ampliamente reconocido como un derecho humano fundamental que, no obstante, no pueden ejercer, interesadamente, millones de personas en todo el mundo a pesar de la encarnizada lucha que los demócratas han librado y siguen librando para conseguir su reconocimiento, hasta tal punto que en el siglo XIX los sufragistas reivindicaban con la misma vehemencia el derecho al voto que el derecho a la educación. Nueva Zelanda fue el primer país en otorgar el sufragio universal en 1893, hace apenas un siglo, habiendo sido reconocido en USA en 1965.
El voto constituye una si no la más crítica forma de influir en la toma de decisiones de los gobiernos que, sin embargo, en determinadas ocasiones terminan haciendo lo que les da la gana, imagínense lo que ocurriría si no fuésemos a votar.
En conclusión, las consignas abstencionistas, sin recurrir, consecuentemente, la ilegitimidad de las elecciones ante los organismos estatales e internacionales, afianzan el régimen monárquico y colonial que, fervientemente, aplaude dichas consignas e incluso directa y antidemocráticamente, las diseña y financia en su propio beneficio. El ejemplo más reciente lo tenemos en las última convocatoria electoral celebrada el 24 de mayo de 2015, en la que periódicos como La Provincia, de amplia difusión en Canarias o el monárquico ABC, de difusión estatal, han publicado consignas por la abstención, lo que no deja de ser paradójico toda vez que dichos medios cuando hablan de independencia sea para pedir precisamente la abstención de los independentistas, pero no de algunos, sino de todos. Un comentario aparte merece el artículo del ABC toda vez que bajo el llamativo título “El Mpaiac rompe su silencio y llama a la abstención en las elecciones del domingo”, que acompaña con fotografía a todo color del funeral del Sr. Cubillo, aunque el comunicado enlazado en el artículo venga firmado por “militantes históricos del MPAIAC” ¡Tergiversa, que algo queda! En la misma página no tiene desperdicio el enlace a otro manipulado artículo cuyo titular no puede ser más patético: “Los independentistas llaman a la abstención el 24M”, como si fuera esta una consigna unánime de todos los independentistas, en este caso reivindicada por CDTN, cuyo comisionado, José María Hernández, fuera director general del libro de “Colisión” Canaria.
Eso sí, sólo pide abstención al parlamento de Canarias y deja libertad de voto a municipios y cabildos que consideran “una opción personal”, según reza el comunicado.