Las políticas activas de empleo: un instrumento imprescindible

Las políticas activas de empleo (PAE) nacen, entre otras fuentes, de los ingresos por cuotas de formación de las empresas y de las personas trabajadoras, formando parte del salario diferido de los mismos. Por tanto estas cuotas tienen un origen y un fin determinado y concreto que no es otro que poner al alcance de las personas desempleadas (y también de las ocupadas) herramientas para reinsertarse y posicionarse mejor en el mercado laboral

Los recortes que el gobierno de España, en nombre de las austeridad y los mercados, está aplicando al conjunto de la ciudadanía española y que se materializan en unos Presupuestos Generales del Estado para 2013, son rematadamente regresivos y hacen quebrar el conjunto de mecanismos de igualdad (educación, sanidad, dependencia, servicios sociales…). Mecanismos que, no olvidemos, los trabajadores y trabajadoras, con un esfuerzo colectivo, hemos consolidado durante los años de democracia en nuestro país. Hasta tal punto son injustos estos Presupuestos que atacan de manera clara a las personas más débiles, los trabajadores y trabajadoras sin empleo, al aplicar un recorte del 34,6% con respecto al año 2012, sobre el conjunto de las Políticas Activas de Empleo (orientación profesional, formación, desarrollo local, escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo…). El impacto del recorte será tan brutal que hará desparecer algunas de estas políticas, como por ejemplo, las escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo. Y hay que recordar que estas políticas han sido de gran utilidad para las personas, especialmente jóvenes y mujeres, sin cualificación en muchos pueblos y ciudades de Canarias.

Lo que se contempla en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, destinado a políticas activas de empleo alcanza los 3.771,51 millones de euros, lo que supone un descenso con respecto al año 2012 (-34,6%), que el Gobierno justifica en el recorte en casi 1.600 millones de euros de los créditos destinados a bonificar la contratación, a la prórroga del Plan Prepara sólo hasta mediados de febrero y a la disminución prevista de los ingresos por cuotas de formación profesional. Del importe total para políticas activas, 1.704,47 millones de euros corresponden a actuaciones de inserción e incentivación de la contratación. Como consecuencia de la supresión de buena parte de las bonificaciones a la contratación decidida por el Gobierno, la partida destinada a esta materia se ha reducido en un 61,3%, desde los 2.600 millones de euros presupuestados en2012 apoco más de 1.000 millones en 2013. Al pago de la ayuda de 400/450 euros (dependiendo de las cargas familiares del parado), destinada a la recualificación profesional de los desempleados que hayan agotado la prestación, se dedicarán 165,5 millones de euros, casi 360 millones menos que en 2012. Otros recortes se producen en formación profesional para el empleo, formación para desempleados, bonificación de cuotas ala SeguridadSocialpor formación de ocupados y a programas públicos de empleo y formación.

Lamentablemente en la actualidad las personas más desfavorecidas y vulnerables de la sociedad, que son la inmensa mayoría del país, debido a las políticas de recortes que se están aplicando, son los colectivos receptores de las políticas activas de empleo. Por eso denunciamos desde CCOO, que recortar las PAE es recortar a los trabajadores que más lo necesitan, a aquellas personas que están sufriendo el drama de estar en paro.

El 35% de la población ocupada en España recibe, como fruto de su trabajo, una retribución mensual que es igual o inferior a los 641,40 euros que marca el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta es una de las cifras que arroja un informe elaborado porla Fundación1º de Mayo (CCOO), y en el que alertamos del empobrecimiento creciente de la clase trabajadora en España.

Según el estudio, en España, el peso de los trabajadores que tienen verdaderas dificultades económicas es superior a la media europea y la media ha crecido "considerablemente" en los últimos años de crisis económica, de modo que la brecha entre España y el promedio de los países dela UEalcanza ya los 4,3 puntos de diferencia.

Según el informe, el 18,3% de los trabajadores a tiempo parcial están a las puertas de la pobreza.

Las sucesivas reformas han contribuido a la creación de empleo más inestable y barato. En este sentido, apunta que el trabajo a tiempo parcial involuntario, "muy extendido en España", afecta especialmente a las mujeres y los jóvenes. Este tipo de jornada –relata el texto- está muy vinculada al empleo precario, debido a sus bajos salarios y al menor acceso a prestaciones sociales, como desempleo y jubilación. Y arroja otro dato desalentador: en 2010, el 18,3% de los trabajadores a tiempo parcial se encontraban en situación de riesgo de pobreza, frente al 11,8% de los contratados a tiempo completo.

A modo de conclusión, el informe señala que, los datos existentes hasta la fecha permiten apuntar que al finalizar 2012 es "previsible" que se haya alcanzado una tasa de pobreza cercana al 28%. Asimismo, alerta de la fuerte presión a la baja de las condiciones laborales de la población trabajadora (bajada de salarios, precariedad...), algo a lo que se une la escasez de recursos sociales tras los sucesivos recortes.

La propuesta que se recoge en los PGE 2013, de recortar el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), en 32 millones de euros, cuando Canarias es una de la comunidades autónomas con mayor tasa de personas en desempleo, las cifras de desempleo en el mes de Septiembre han sido de 288.813 personas, que con respecto al mismo mes del año 2011 experimenta un incremento del 14,61%, y nos sitúa en un porcentaje cercano al 30% de tasa de reempleo en las Islas;  verá como sus recursos se reducen drásticamente. Esta discriminación nos situará en la cola de la salida de la crisis  al no tener recursos suficientes para atender y mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas además de constituir un grave  perjuicio social e imposibilitar el progreso de nuestra tierra.

A lo anterior, debemos situar que Canarias esla Comunidad Autónomacon menor coste laboral anual de toda España (25.837,97 euros frente a los 30.886,60 euros de media y frente a los 35.806,40 euros del País Vasco). En el caso de los sueldos y salarios, la cantidad asciende a los 18.876,90 euros/año mientras que la media nacional asciende a 22.775,76 euros/año. Canarias también se encuentra en el vagón de cola de los costes derivados de los beneficios sociales, de la formación profesional y de las subvenciones y deducciones. En términos porcentuales, en Canarias una persona que trabaja le cuesta a las empresas 16,34 puntos porcentuales menos que en el resto del territorio nacional, no tanto porque por una misma ocupación se cobre menos que en el resto del territorio nacional, sino debido a la baja proporción de empleos cualificados existentes. En otras palabras, el factor trabajo no le resta competitividad en materia de costes a las empresas en el Archipiélago. La falta de inversión e innovación, sí. (Encuesta Anual de Costes Laborales 2011. INE 26.7.2012).

La limitación del poder adquisitivo ocasionará que se desacelere aún más el consumo privado, generando disminuciones en la cartera de pedidos de las empresas y, por lo tanto, una generación de paro por encima de la media junto a una mayor destrucción de empleo junto a una menor inflación. Esto provocará que la convergencia cualitativa quede todavía más lejos aún, máxime si la gran mayoría del trabajo que se ofrece es de baja cualificación, en donde la evolución de la productividad y el aumento de la jornada laboral no ocasionan los repartos adecuados entre el capital y el trabajo. Asimismo, la alta temporalidad contractual hace que se creen empleos con la misma facilidad con la que se destruyen. Todo esto ocasiona una pobre inserción social.