El Consejo de Gobierno aprobó además ampliar el plazo de exposición pública del documento hasta el máximo legal que son dos meses

El Consejo de Gobierno aprueba inicialmente la modificación del Plan Especial de La Geria

Consejo de Gobierno del Cabildo

La aprobación inicial de la modificación de los artículos 33, 93 y 117 del Plan Especial de La Geria por el Consejo de Gobierno este viernes, es un acto de trámite para proceder a la exposición pública del documento y que los ciudadanos, partidos políticos, asociaciones y demás población que lo desee pueda hacer alegaciones, mejoras y propuestas al mismo.

 

Ante la imposibilidad de que el Pleno de la Corporación aprobase en el día de ayer la modificación del Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria, ha sido en la mañana de este viernes, 11 de diciembre, cuando el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la modificación de los artículos 33, 93 y 117 del Plan, tal y como anunció el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, al finalizar la votación de la sesión plenaria.

Partido Socialista, Somos y Podemos dieron la espalda a la propuesta de modificación que aún habría de ser elevada, como paso previo a su aprobación definitiva en el Pleno, a exposición pública, rechazando así atender a las demandas, problemática actual y necesidades trasladas por el propio sector vitivinícola y bodeguero de la isla que fueron consensuadas y presentadas a propuesta del Consejo Regulador del Vino de Lanzarote.

A pesar de contar -a día de hoy- con todos los informes técnicos y jurídicos pertinentes, suscritos por técnicos y juristas de la Corporación (entre ellos el de la Jefa de los Servicios Jurídicos del Cabildo, el del director insular de Ordenación del Territorio, el de una arquitecta de la Oficina del Plan Insular y el Jefe de la Oficina del Plan Insular, a los que habría que añadir otro informe del área de Medio Ambiente, suscrito por una jurista y la Jefa del Servicio, abundando en las bondades y necesidad de dicha modificación), el Partido Popular y Ciudadanos se abstuvieron en la votación, excusándose en esta nueva ocasión en una supuesta “inseguridad jurídica”. Todos estos informes del Cabildo, “son los que vinculan a esta Presidencia y al Grupo de Gobierno”, afirmó San Ginés.

De haber sido competencia del Pleno esta modificación habría requerido para su aprobación inicial de mayoría absoluta al tratarse de un instrumento de ordenación urbanística. El recuento de votos se saldó con nueve favorables de Nueva Canarias, PIL y Coalición Canaria y nueve en contra de los grupos PSOE, Podemos y SomosAunque el presidente pudo deshacer el empate con su voto de calidad y aprobar el documento con mayoría simple, ésta no habría sido suficiente.

Tras la votación, el presidente lamentó que esta propuesta de modificación no haya salido adelante por mayoría en el Pleno, “retratándose cada uno de los partidos, algunos de los cuales les ha faltado altura de miras para atender el interés general, tratando de escenificar una vez más, lo que es evidente, que el Grupo de Gobierno se encuentra en minoría”. Precisamente por este motivo, Pedro San Ginés explicó que ésta ha sido la causa principal por la cuál volvió a llevar su aprobación -al menos por cuarta vez- al Pleno, a pesar de que la nueva Ley establece que las competencias a este respecto las tiene el Consejo de Gobierno.

Es decir, dado que la modificación ya habría sido consensuada y votada en su día por el PP y el PSOE y considerando que éstos habían adquirido el compromiso de volverla a respaldar cuando se contase con los informes que ahora se aportan, es por lo que estimé conveniente dar una nueva oportunidad al consenso en el Pleno”, explicó San Ginés, quien aclaró también que “aún cuando hubiese sido aprobado por mayoría absoluta en el Pleno, habría sido igualmente necesaria la aprobación en el Consejo de Gobierno que es, en realidad, el órgano que ostenta la competencia”.

Y eso, es lo que precisamente el Grupo de Gobierno ha hecho a primera hora de este viernes, al proceder a su aprobación inicial en el Consejo de Gobierno, tal y como anunció ayer el presidente al término de la sesión. “Por responsabilidad política y compromiso con esta tierra y con el sector, este Grupo de Gobierno en minoría aprobará la modificación”, afirmó ayer.

Debate del Pleno

Durante el debate plenario, el presidente del Cabildo hizo hincapié en la “honorabilidad” y “máximo respeto” a todos los técnicos de la Corporación, entre ellos “los que forman parte del expediente para esta aprobación inicial con tres informes suscritos por diferentes técnicos del Cabildo que vinculan al Grupo de Gobierno”. Respecto al Plan, San Ginés aseveró que éste lo vienen aplicando durante años todos los juristas y técnicos de la primera Corporación y del Gobierno de Canarias, “dando carta de naturaleza a su plena vigencia, incluidos los equipamientos estructurantes y -por tanto- a la modificación del articulado que los regula”.

Para algunos grupos políticos de la Oposición, añadió San Ginés, “los dos únicos técnicos honorables e informes válidos son los de determinados grupos, pero a esta Presidencia solo le vinculan, como no podría ser de otra forma, los informes técnicos y jurídicos emitidos por esta Corporación que figuran en el expediente de modificación del Plan”. Asimismo, el presidente quiso aclarar también que “ni el Cabildo ni ningún técnico de esta Institución ha cuestionado en ningún momento del procedimiento la aprobación del Plan Especial de La Geria, tal y como ahora se cuestiona”.

Modificación del Plan

Aunque el documento de modificación de los artículos 33, 93 y 117 del Plan Especial de La Geria haya sido aprobado inicialmente por el Consejo de Gobierno este viernes, tendrá aún que elevarse a exposición pública para que los ciudadanos, partidos políticos, asociaciones y demás población que lo deseen puedan hacer alegaciones, mejoras y propuestas al mismo, siendo unpaso previo a su aprobación definitiva en el Pleno. “El Consejo de Gobierno aprobó además ampliar el plazo de exposición pública del documento hasta el máximo legal que son dos meses”, explicó el presidente.

El artículo 33 hace referencia a los equipamientos estructurantes y añade una bodega nueva al listado y se especifica que cualquier nueva bodega industrial que se autorice en el futuro, pasará a tener consideración de equipamiento estructurante. La modificación del artículo 93, hace referencia a las nuevas especificaciones que tienen que cumplir los carteles que se ubiquen en este espacio natural protegido, y la del artículo 117 habla de determinaciones de carácter general de las bodegas. Se añade en este último la categoría de suelo rústico de asentamiento rural a los suelos donde se podrán implantar las bodegas artesanales y se especifican nuevos requisitos a cumplir por las bodegas industriales, entre otros, que formen una unidad económica de producción. Además se varían y detallan los parámetros de edificabilidad, altura y acabados.

Estas modificaciones se hacen, según explicó el director de Ordenación del Territorio, Miguel Ángel Santana, “precisamente para evitar el agravio comparativo de las nuevas bodegas que con más de 1.500 metros cuadrados pueden ampliarse y las antiguas con menos de 1.500 metros y una producción industrial, no podrían ampliarse”.

Con esta modificación, se evitará precisamente, entre otras, el impacto ambiental a que provocan los depósitos expuestos en este paisaje y el gasto energético que genera el tenerlos descubiertos para poder mantener en óptimas condiciones el vino. Esta modificación también regulará el uso público de este espacio como equipamiento complementario destinado a museos, tiendas, vinoterapia, restauración y otras actividades vinculadas a La Geria.

A juicio del propio director insular, “ésta es una propuesta más restrictiva que la anterior en cuanto a protección ambiental, pero más justa y que atiende las necesidades del sector, tanto el bodeguero como el vitivinícola”.

El presidente del Cabildo de Lanzarote recordó que entre los objetivos principales de esta modificación está no solo el dar viabilidad económica a las bodegas existentes, sino fundamentalmente al sector vitivinícola que sustenta el paisaje y que sin ellas no podrían subsistir. “Un excedente como el de este año, debe ser una oportunidad, y no convertirse en una desgracia”, apuntó San Ginés.

En cuanto a la llamada al consenso que argumentan algunos grupos, el presidente también recordó que 22 de los 23 consejeros del Cabildo en el pasado mandato, ya consensuaron esta propuesta de modificación en el pleno celebrado en abril de 2014. “Un consenso que ya fue alcanzado en su día y del que tanto el PSOE como el PP se han desmarcado por intereses puramente políticos, buscando nuevas excusas para no aprobar esta modificación”.

También volvió a rechazar rotundamente y a afirmar que “es falso”, tal y como argumentan algunos grupos de la Oposición, que se aprueba para “dar cobertura a una sola bodega. No se permite ni un metro cuadrado más de lo que hay ya aprobado, que son bodegas con un máximo total de 5.000 metros cuadrados. Lo que se hace es cambiar lo que se puede construir en superficie y lo que va bajo superficie para evitar que bodegas con 3.000 metros construidos sobre rasante, como la bodega más antigua de Canarias (El Grifo), pueda cubrir los depósitos que se encuentran hoy al aire libre. También se modifican las alturas máximas permitidas para dar cobertura a dichos depósitos”.

Asimismo, el presidente quiso aclarar, tal y como avalan los informes de la Corporación expedidos, que “el PIOT del 91 no hace referencia específica a las bodegas en su articulado. Las bodegas se incluirían dentro del uso de Industria-Almacén definido por el Plan, por lo que las modificaciones introducidas en el artículo 117 del Plan de la Geria no resultarían incompatibles con dicho uso recogido en el PIOT”.

Y por último, en cuanto a la inseguridad jurídica y participación aludida por algunos grupos políticos, el presidente incidió en las palabras también expuestas del director insular de Ordenación Territorial en el sentido de que “no se quiere ni avanzar en un documento que para su aprobación antes debe de ir a exposición pública precisamente para consulta de todos los ciudadanos, donde aún se puede alegar y mejorar en lo que se considere y donde los grupos políticos podrán también despejar las dudas jurídicas que tengan al respecto antes de su aprobación definitiva en el Pleno”.