CC-PNC pide acceso al expediente por el que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sanciona con 25.000 euros al Cabildo por ceder irregularmente un trabajador a la FCM

 El Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Cabildo de Lanzarote ha solicitado copia del expediente con las actuaciones inspectoras y resolución dictada por el viceconsejero de Empleo, por la que se resuelve imponer una sanción pecunaria a la institución por importe de 25.000 euros, por la cesión ilegal de un trabajador a la Fundación César Manrique, tras tener conocimiento (se adjunta decreto) de que el Cabildo ha nombrado letrados para recurrir la citada resolución de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas.

Por otra parte, los nacionalistas no entienden que el Cabildo gratificara recientemente con 30.000 euros como “premio de permanencia” a dicho funcionario, que durante 26 años se ausentó de manera probada de su puesto de trabajo.

Tal y como recuerda CC-PNC, en el mes de noviembre de 2019, el diario La Provincia se hacía eco de las extrañas circunstancias por las que un trabajador del Cabildo venía cobrando su sueldo de la primera institución durante 26 años, pero prestando sus servicios en la Fundación César Manrique, lo que había supuesto un coste de 1,5 millones de euros para las arcas públicas.

“Ya entonces aclaramos a la opinión pública que en CC nada tenemos contra la FCM ni nada tenemos que objetar a la profesionalidad del trabajador en cuestión por los servicios prestados a dicha Fundación o a los distintos órganos de la institución en representación de aquella, pero sí era y es nuestro deber velar por el buen uso de los fondos públicos y ejercer la responsabilidad que en cada momento nos corresponda”, señalan.

De igual modo, afirman, “también aclaramos entonces que si bien eran conocidas las circunstancias del trabajador, lo que no se supo hasta que en abril de 2019 se solicitó informe al respecto, es que jamás existió ningún acuerdo formal o título habilitante que diese cobertura legal a su situación”.

Es más, el informe del departamento de Recursos Humanos decía textualmente que “eso no era posible e incluso que podría interpretarse como una cesión ilegal trabajadores prevista y sancionada en el estatuto de los trabajadores, y que legalmente no era posible que el trabajador en cuestión pudiera prestar sus servicios ni en la FCM ni en ningún otro lugar ajeno al Cabildo”, cosa que, al parecer, ha corroborado la Inspección de Trabajo.

Concluía el informe, de abril de 2019, con que dado que no consta en esta administración acto administrativo alguno que acredite o acceda a que el funcionario desarrollara sus labores en la FCM, se precisa a dicho trabajador para que en un plazo de 5 días, aporte documento acreditativo, a fin de aclarar la situación administrativa, por la que este Cabildo le autorizó a desempeñar sus funciones en la FCM. Cosa que el anterior gobierno hizo con inmediatez y, hasta donde sabe el Grupo Nacionalista, el trabajador se incorporó a su puesto de trabajo en el Cabildo aportando una baja médica, aunque nada formal que le autorizase a ausentarse de su puesto de trabajo durante 26 años.

De igual modo se solicitó en su día de manera infructuosa al presidente de la FCM el acuerdo inexistente al que se había referido en sus misivas al entonces presidente del Cabildo.

Por último, en noviembre del año pasado el grupo de CC-PNC, ya en la oposición, presentó escrito a la presidenta solicitando aclaración sobre cuál era la situación del trabajador en cuestión e informe jurídico al respecto, una vez acreditado que efectivamente los acuerdos no existían, “a lo que la presidenta respondió de manera evasiva simplemente solicitándonos a su vez los escritos remitidos a la FCM”.

La sorpresa llega cuando, trascurrido medio año desde entonces, la presidenta del Cabildo no solo no ha respondido a CC aclarando cual era la situación del citado trabajador, al parecer en excedencia los últimos meses, si no que accedió a una petición suya de “abono del premio por los servicios prestados a esta institución durante 33 años”, o más bien por los no prestados, al menos a esta institución, durante 26 de esos 33 años.

“Exigimos aclarar las circunstancias que provocaron esta situación en la que la Fundación César Manrique parece haberse ahorrado en concepto de sueldo y Seguridad Social de este trabajador, una cantidad que podría superar los 1,5 millones de euros de dinero público”.