CC-PNC pedirá un pleno extraordinario para aclarar las consecuencias de la reciente sentencia contra el Ayuntamiento de Arrecife
El portavoz del Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Ayuntamiento de Arrecife, Echedey Eugenio, anunció esta mañana en rueda de prensa, en la que estuvo acompañado del portavoz adjunto, Jacobo Lemes, que los nacionalistas pedirán un pleno extraordinario para que se esclarezcan las graves consecuencias que tendrá para el Consistorio, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Las Palmas, que confirma que la institución capitalina sigue incumpliendo la ley por carecer de Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
“Lo más grave de todo esto es que nosotros ya habíamos advertido en el pleno de septiembre del año pasado, tanto al concejal de Recursos Humanos, Eduardo Placeres, como a la propia alcaldesa, Ástrid Pérez, de que estaba incumpliendo un precepto legal, que estaban incidiendo en una irregularidad porque ya había una sentencia del Tribunal Supremo del 25 de junio de 2008, que avisaba que una Oferta de Empleo Público no puede ser legal si se carece de RPT o de cualquier otro instrumento que regule las condiciones de cada puesto de trabajo”, ha manifestado Eugenio.
Ese mismo año, subraya el portavoz nacionalista, otra sentencia anula la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Arrecife y, desde entonces, ni el anterior gobierno socialista ni este del Partido Popular, han sido capaces de sacar otra nueva.
“Queremos saber en qué fase está la RPT porque no se ha visto ningún expediente después de un año y ocho meses de mandato”, ha afirmado el edil, señalando a continuación que “lo que viene a demostrar esta sentencia es la incapacidad de gestión de este grupo de gobierno, de la alcaldesa y de su concejal de RRHH, a los que hacemos únicos responsables de esta situación y de los efectos negativos que tendrá para las arcas públicas municipales”.
Consecuencias, que pueden ser muy preocupantes para el Ayuntamiento puesto que declara nula la Oferta Pública de Empleo, y con esta declaración, también podrían declarase nulos todos aquellos procedimientos que emanan de ella, como puede ser la convocatoria y la cobertura de plazas de la Policía Local que recientemente han sacado.
Según ha explicado Echedey Eugenio, “hay una sentencia similar en el Ayuntamiento de Málaga con un procedimiento muy parecido, con muchos vicios como el de Arrecife, que en su momento cubrió 93 plazas de Policía, y en última instancia, el Tribunal Supremo anuló las oposiciones. El Ayuntamiento recurrió a pedir la inviabilidad de la ejecución de la sentencia y el Supremo condenó al Ayuntamiento de Málaga a pagar una indemnización a cada uno de los aspirantes que no tuvo oportunidad de concurrir en ese proceso que no fue legal. Eso, para el Ayuntamiento de Arrecife, supondría un montante económico que la institución no podría afrontar”.
En el caso de Arrecife, la sentencia habla de la Oferta Pública de Empleo pero no de las bases de la convocatoria de las plazas de la Policía, donde, aseguran los nacionalistas, ha habido irregularidades en todo el proceso. “Se ha repetido un examen sin publicar la nota de las personas que habían hecho la primera versión del mismo y eso está siendo denunciado. Por otro lado, se ha procedimentado un expediente basándose en una oferta pública de empleo que no tiene validez, y además, se suma que cuando van a cubrir esas plazas se dan cuenta de que ni siquiera habían recogido las ocho de la oferta pública de empleo sino cinco y se inventan otras tres”.
A esto hay que añadir la existencia de documentos públicos contradictorios, que dicen cosas distintas con respecto al proceso; un primer documento que asegura que no hubo ni aprobados ni suspendidos en el primer examen y un segundo documento que dice que como hay menos aprobados que plazas se decide repetir el examen.
Es por esto que los nacionalistas solicitan el pleno, para que, primero, se emitan los informes técnicos y jurídicos pertinentes respecto a la ejecución de la sentencia y se explique cuál es la vía legalmente más segura para proceder ante el dictado de la misma. Un pleno, además, en el que se pedirá la comparecencia tanto de la alcaldesa como del concejal de Recursos Humanos para que aclaren quién va a asumir la responsabilidad del fallo judicial y las consecuencias administrativas y económicas que puede tener.
“Vamos a solicitar que se ejecute la sentencia en los términos que se determinan, porque creemos que es la medida menos dañina para los intereses del Ayuntamiento de Arrecife y para sus arcas públicas. Creemos que el Ayuntamiento debe adelantarse y tomar medidas antes de que haya un mandato judicial”, subraya, añadiendo que “no podemos permitir que se sigan dando patadas hacia delante en este tema, hipotecando el futuro de la institución por no tomar decisiones y por no oír los consejos que en la oposición le dimos desde el principio en todo esto. Hoy la sentencia ha venido a darnos la razón”.
No hay que olvidar que la Relación de Puestos de Trabajo es el instrumento que regula el organigrama del Ayuntamiento, las funciones, los complementos y las atribuciones de cada miembro del Consistorio, y que, hasta ahora, lo que ha venido haciendo el Ayuntamiento ha sido suplirlo por el Anexo de plantilla del presupuesto municipal, “cosa que la sentencia del Tribunal Supremo, ya decía hace doce años que no se podía hacer, puesto que había que cumplir unos requisitos, que no cumplen ni el presupuesto que aprobó el gobierno socialista en 2017 y que prorrogaron en 2018 y 2019, ni el aprobado recientemente por Ástrid Pérez para 2020 ni tampoco, nos tememos, el borrador de presupuesto para 2021”.