ANC denuncia fraude de ley y engaño masivo en la gestión de la PCI
Fraude de ley porque la PCI, según lo que establece la normativa que la regula, no es un subsidio como otro cualquiera, es un completo programa de reinserción que incluye además de la prestación económica un itinerario personalizado y un seguimiento cercano y trasversal del beneficiario, al objeto de conseguir su incorporación estable a la sociedad en unos mínimos de dignidad y derechos. Esta realidad implica que cada trabajador social tenga que dedicar bastantes horas a cada familia receptora de la PCI para poder cumplir con el programa, cosa que es literalmente imposible cuando no se habilitan trabajadores sociales suficientes en los Ayuntamientos, o cuando se cortan los pagos a mitad de ejercicio sin justificación aparente, dejando al beneficiario sin prestación con lo que esto implica en cuanto a vuelta a la precariedad, desahucios, impagos o falta de alimentos.
Tampoco se cumple la ley de la PCI cuando no se admiten las excepciones que esta contempla y se obliga a las madres en situación precaria a presentar copia de denuncia por vía judicial contra sus exparejas, para que les pasen la pensión alimenticia por hijo a cargo que les corresponde. Esta realidad implica, por un lado una demora muy grande en el trámite si es que las madres deciden denunciar, o en el peor de los casos supone que la madre no denuncia y desiste de pedir la PCI por miedo a represalias de un padre con el que no mantiene buena relación y que en muchos casos tampoco tiene trabajo ni ingresos para responder. Y aún más, en estos supuestos el Gobierno de Canarias, con intención manifiesta de ahorrar, permite el absurdo de descontar de la mensualidad de la PCI que la madre tiene asignada la parte de dinero que el padre debería pagarle en concepto de manutención, pero que en realidad no le paga porque no tiene ingreso alguno. El resultado final son madres con hijos a cargo que reciben de PCI una mensualidad que no llega a 200 euros, una vez restado el dinero que debería pasarle el padre pero que en realidad no le pasa ni le pasará nunca.
En este contexto, la ley que regula la PCI no se cumple, no se viene cumpliendo en los años que han pasado, y no se podrá cumplir en los años que venideros si no se aporta el dinero, la voluntad, las herramientas legislativas y el personal necesario para aplicarla.
Más allá de que la realidad de la PCI se ajuste más o menos a la ley que la regula, su gestión por parte del Gobierno de Canarias es un engaño manifiesto desde hace muchos años, por ser una ley que sobre el papel debería dar cobertura a una buena parte de la población canaria y en la realidad, por su escaso presupuesto económico, solo cubre a un mínimo porcentaje (entre el 1 y el 3 por ciento).
ANC la califica de engaño, porque se juega con el pan y el desespero de muchas familias que acuden a sus ayuntamientos a pedir una PCI como tabla de salvación y desconocen que pasarán muchos meses y hasta años para cobrarla, si es que algún día la cobran. La gente debe saber que detrás de las demoras, los impagos y los engaños de la PCI hay familias con nombres y apellidos que no pueden ni comer dignamente, que no pueden afrontar sus facturas y que dejarán de pagar sus alquileres y podrán ser desahuciadas, con las consecuencias dramáticas que todo esto implica. Así las cosas, el Gobierno de Canarias juega con el pan y el sufrimiento de nuestra gente como si de un presupuesto para una carretera o un parque se tratara. Hasta tal punto es un engaño y una tomadura de pelo la gestión de la PCI por parte del Gobierno de Canarias, que se permiten el lujo de sacar pecho y alardear como si de un gran logro se tratara, con el hecho de aumentar el presupuesto de la PCI en 4 millones de euros a mitad de año hasta llegar a los 30 y tantos millones, cuando se sabe y hay estudios comparativos trabajados al efecto que demuestran que en otras muchas CCAA con menos paro y menos pobreza el presupuesto para esta Renta Mínima es mucho mayor que el de Canarias. A modo de ejemplo el País Vasco: mismo número de habitantes que Canarias, bastante menos paro y pobreza, la PCI que allí se llama Renta de Garantía de Ingresos ronda los 300 millones de euros anuales, desde hace años y es una partida siempre abierta a ampliaciones presupuestarias, si hubiera más gente que demandara la ayuda.
En resumidas cuentas, 30 millones de euros anuales, millón arriba millón abajo, de un presupuesto de Canarias que sobrepasa los 6.000 millones cada año, nos parece una auténtica desvergüenza. Sobre todo, cuando sabemos lo que significa en el Gobierno de Canarias los sueldos de altos cargos, los departamentos sin contenido y las subvenciones y contratas con empresas “amigas”. En ANC nos preguntamos si tal como sucede con la PCI, cuando se dejan de pagar mensualidades a familias a mitad de ejercicio por falta de presupuesto y se demoran meses en activarlas otra vez, se demoran y dejan de pagar los sueldos y las dietas de los diputados, de los miembros del gobierno y de los altos cargos también a mitad de ejercicio. Estamos seguros de que esto no sucede, en buena muestra de para quién trabaja en realidad y al servicio de quien está toda esta casta de privilegiados que nos gobiernan desde hace ya décadas.
Dicho todo esto, al margen de la indignación, del engaño manifiesto y el fraude de ley, en ANC nos remitimos a lo que denuncian y proponen colectivos y trabajadores sociales desde hace tiempo, cuando demandan como soluciones una financiación suficiente (al menos 300 millones de euros anuales), el aumento de los trabajadores sociales en los ayuntamientos y la aplicación de medidas trasversales complementarias en materia de vivienda, salud, educación, servicios sociales, inmigración e igualdad, cosas que ni están haciendo desde el Gobierno de Canarias ni creemos que puedan hacer en el estatus actual.
Atendiendo a la gravedad del asunto que tratamos, emplazamos a ciudadanos, colectivos y medios de comunicación a futuras acciones y a una próxima rueda de prensa que daremos al efecto para abordar con más profundidad el tema de la PCI y la exclusión en Canarias, en relación directa con la falta de soberanía manifiesta que sufrimos en el Archipiélago.