Alternativa Ciudadana denuncia la "política antidemocrática" de CC y PSOE en los Presupuestos de 2014
Desde Alternativa Ciudadana 25 de mayo queremos denunciar la política antidemocrática y de espaldas a la ciudadanía que está llevando a cabo el Grupo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote. En AC-25m entendemos que principios inquebrantables en democracia como la transparencia, el debate y la toma de decisiones a través del voto y el consenso están por encima de cualquier interpretación subjetiva de la Ley de Grandes Ciudades. El Sr. Pedro San Ginés y sus socios de gobierno del PSOE se acogen a las leyes e informes técnicos en función de lo conveniente que éstos sean para sus intereses particulares y partidistas.
Este grupo de Gobierno está tratando de suplir su falta de legitimidad democrática parapetándose en leyes e informes jurídicos hechos por encargo para disfrazar con ellos la ausencia de legitimidad democrática en la que se encuentran sumidos, como si el hecho de que la ley e informes técnicos fuesen a hacernos ignorar la realidad en la que se encuentra inmerso el Grupo de Gobierno: una falta de apoyo real en el Pleno del Cabildo. Recordemos que todo esto es posible gracias al apoyo del Partido Socialista, que prefiere pasar desapercibido mientras legitiman esta situación con su silencio. Los señores de Coalición Canaria están llevando a la institución un problema interno de su organización política, y en vez de buscar la solución en los órganos internos de su partido lo han hecho acogiéndose a una Ley que supuestamente les permite gobernar unilateralmente desde el Consejo de Gobierno del Cabildo y restar la calidad democrática de la institución.
Convicciones variables
Hay que recordar que en la pasada legislatura los señores de Coalición Canaria criticaban al Grupo de Gobierno del PSOE y el PIL el hecho de que se acogiesen a la ley de grandes ciudades para gobernar, acusándolos de “hurtar el debate político amparándose en la ley”. Ahora desde AC-25m tomamos su argumento para invitarles a que no utilicen la ley para “hurtar el debate político” y llevar a cabo el Pleno del Cabildo en forma pero no en el fondo. Como siempre para estas dos organizaciones (CC-PSOE), sus declaraciones e intenciones públicas varían en función de si se encuentran en la oposición o en el grupo de gobierno. Ahora abogan por el consenso político pero paradójicamente sólo cuando saben que terminarán por imponerse su criterio, cuando no es así, prefieren acogerse a la ley de grandes ciudades para imponer su criterio sin consenso ni debate.
Esta forma de gobernar se ve plasmada en el proceso para aprobar los Presupuestos del 2014. El grupo de gobierno no ha contado con la oposición pero mucho menos con quienes desde AC-25m entendemos como pieza fundamentales en el proceso de elaboración y aprobación del presupuesto: con la ciudadanía. Como siempre los asuntos de tanta trascendencia social como los presupuestos prefieren decidirse unilateralmente, encerrados en sus despachos y sin preguntar a los ciudadanos en qué quieren gastarse el dinero público. Desde AC-25m entendemos que el Presupuesto tiene que elaborarse de una forma participativa, en conjunto con la ciudadanía, que sean los ciudadanos los que establezcan las prioridades del gasto público y no sólo los señores de CC y PSOE en función de su “buen” criterio e intereses particulares.
Para AC-25m el Presupuesto Participativo es una herramienta que democratizaría la vida política insular, ya que el ciudadano sabría en qué y cómo se gasta el dinero público. Esta fórmula presupuestaria vendría, además, a dar respuesta a las demandas de aquellos movimientos sociales y políticos que abogamos por una mayor transparencia y participación en los asuntos públicos. Por supuesto, elaborar de forma participativa el presupuesto restaría poder político a los partidos, pero ganaría mucho más el poder decisión sobre los asuntos públicos de los ciudadanos, una forma más democrática y de autogobierno de la ciudadanía que terminaría con las malas prácticas de estos partidos políticos que se ven en el poder de decidir en qué y cómo se gasta el dinero todos los ciudadanos.