La organización asamblearia expresa su rechazo a la Ley del Suelo aprobada por Clavijo y sus cómplices parlamentarios Asier Antona y Casimiro Curbelo

Alternativa Ciudadana acusa a Coalición Canaria de destruir Canarias

Presentación de la Plataforma contra la Ley del Suelo de Canarias

 

Alternativa Ciudadana acusa a Coalición Canaria (CC) de destruir Canarias, tras la aprobación de la Ley del Suelo por parte del grupo de Clavijo y sus cómplices de Partido Popular (PP) y Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Parlamento de Canarias. Nuestro rechazo a la Ley es porque no responde a los intereses generales de la población y pone el porvenir de las Islas en riesgo, tanto en su medio ambiente como en la calidad de vida de las personas residentes.

La organización asamblearia considera que la ley aprobada atenta contra la defensa del territorio, la conservación de la identidad cultural asociada al vínculo con la tierra, el impulso de la sostenibilidad y la justicia social, el respeto al medio rural y a los recursos naturales y el auténtico apoyo al sector primario, a la economía productiva, al desarrollo rural y a la economía local y sostenible.

Por este motivo, reclama la puesta en marcha de un debate colectivo a través de un proceso de participación ciudadana, dotado de recursos suficientes, para trabajar de forma eficiente y eficaz en la recogida de propuestas ciudadanas, que concluya con la redacción de un nuevo texto normativo y asegure un cuerpo legal apegado a los criterios de sostenibilidad, equidad y bienestar social que precisa el territorio de las Islas.

En el origen de esta ley está la presión del sector empresarial, que se apega a los llamados proyectos estratégicos para mantener o ampliar su margen de beneficios cuando el modelo económico de las islas no da para más. Por ello, la lógica neoliberal que impulsa el texto legal provoca que el territorio pase de ser el lugar en el que se desarrolla la vida y las relaciones humanas a un bien de mercado y un fondo de inversión.

El objetivo de liberalizar el suelo lleva a “eliminar herramientas y entes reguladores”. Así, el modelo de gestión que crea la ley fomenta la arbitrariedad y discrecionalidad en la concesión de licencias, así como las modificaciones puntuales del planeamiento y, por tanto, la corrupción.

La consecuencia de esta lógica es el crecimiento de las desigualdades, junto con la pérdida de la capacidad de decisión de la mayoría social sobre su propia vida y su futuro, así como el desvío de las políticas desde el interés general hacia el interés particular de los estratos sociales mejor posicionados en la pirámide del mercado, subraya el movimiento político y social lanzaroteño

Deterioro general

A juicio de la organización asamblearia, el suelo rústico se ha convertido en el más caro del Estado español, debido una tendencia histórica de CC a desatender las necesidades reales de la población, como la soberanía alimentaria, y a potenciar únicamente a los sectores que responden mejor a los intereses de la élite empresarial, mientras recorta los derechos fundamentales de la ciudadanía.

La ley, finalmente, interviene negativamente en grandes problemas sociales y ambientales que amenazan a Canarias, como la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, al tiempo que participa en “la destrucción de nuestro patrimonio natural y cultural, el deterioro ambiental y la injusticia social.