Sindicalistas de Canarias participará en la caravana de protesta por la Reforma Laboral de 2012
A las puertas de cumplirse el 8º aniversario de la Huelga general europea del 14 de noviembre del 2012, es más necesario que nunca, recordares a los poderes ejecutivos y legislativos del Estado español, la necesidad urgente de derogar la Reforma laboral, cuya aprobación, en su día, por el gobierno de la derecha, con el apoyo entusiasta de los poderes económicos, significó un retroceso sin precedentes en los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
El abaratamiento de los despidos y la desregularización de estos para facilitar su ejecución, la ultraactividad de los convenios a un año, la facilidad para la subcontratación y la temporalidad, el empoderamiento de las ETT, la facilidad para modificarlas funciones y condiciones de trabajo…, son entre otros aspectos de la Reforma laboral, los puntos más perversos del Real Decreto aprobado en el 2012 por la mayoría absoluta del Gobierno del PP.
Pasado 8 años desde su aprobación, los trabajadores y trabajadoras estamos sufriendo las consecuencias de la perdida de derechos y de seguridad jurídica que significo su implementación, aumentando la precariedad laboral, la perdida adquisitiva de los salarios, la incertidumbre y el miedo.
Con la crisis sanitaría como consecuencia de la pandemia del COVID-19, la patronal que han venido siendo los mayores defensores de la “desregularización o flexibilización” de las relaciones laborales no han tenido el más mínimo reparo en abrazar las políticas proteccionistas emprendidas por el Gobierno actual, por lo que desde nuestro sindicato, exigimos que se vaya más allá y se garantice que a los y las trabajadoras no les toque esta vez, ser las principales víctimas de la crisis sanitaria que con la actual legislación se puede convertir-una vez controlada la pandemia-en una crisis laboral como en realidad ya está pasando con los y las trabajadoras precarizados.
Urge que las organizaciones sindicales dejen atrás sus viejas rencillas y sepamos establecer un consenso de unidad que fuerce a los poderes del estado en la dirección del restablecimiento y consolidación de los derechos laborales y sociales, avanzando en la reivindicación irrenunciable de: Trabajo para todos y todas; digno y de calidad, en línea con el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.