La Mesa Social advierte del peligro de la privatización del agua en Lanzarote, porque "la gestión privada busca el lucro, la rentabilidad como objetivos finales. En una empresa privada la inversión siempre se hace para obtener ganancias. Por ello, no se invierte en donde no es rentable dicha inversión (áreas más desfavorecidas de la población). Los beneficios obtenidos no se reinvierten en una mejora de la calidad del servicio... Cualquier reinversión en materia social iría en contra de la obtención de ingresos crecientes". 

- Disolución de Inalsa y embargo de los políticos implicados en su ruina

 El Escrito señala que "se habla del INTERÉS GENERAL para justificar la acción del plan de liberación del patrimonio de los embargados y en función del mismo se hacen las propuestas, pero no se explicita cual es la concepción del interés general a la que obedece el plan... Es más que significativo que el propio Consorcio (formado por Cabildo y ayuntamientos) NO LE PIDA RESPONSABILIDADES A LOS QUE GESTIONARON MAL, y cuyas deudas van a repercutir necesariamente en su propia responsabilidad". Recordando que "los propios políticos embargados son muchos de ellos cargos públicos en la actualidad, tanto en Cabildo como en distintos Ayuntamientos de la isla, así como en el Gobierno de Canarias, y detrás de sus propuestas  subyacen SUS INTERESES DISFRAZADOS DE ALTERNATIVAS cuya justificación está en los intereses generales".

Para la Mesa Social, la alternativa es clara: "El Consorcio Insular de Agua de Lanzarote, que se hacía cargo de la gestión del agua con superávit debido a los controles administrativos preceptivos (Interventor), antes de que se creara Inalsa, PUEDE HACERSE CARGO DE NUEVO de la misma, con su plantilla de  trabajadores y con un Plan de Viabilidad serio y riguroso, reconducir a una nueva gestión del agua. También puede hacerse cargo del pago a acreedores en un periodo de tiempo adecuado, cuya deuda quedaría disminuida, tras una Quita y la liquidación de Inalsa".

- Caso Unión

Recuerda la Mesa Social que "según los últimos datos del sumario del caso Unión, no respondería a una mala gestión, SINO A EMISIONES DE FACTURAS QUE EN REALIDAD NO ERAN DE INALSA... y utilizando los medios de las mismas para otros fines... Todo para el pueblo pero sin el pueblo". Por lo que se dirige a la Justicia "para solicitar que el control del agua no sea un instrumento en manos del poder, sino un bien al servicio del interés general, entendiéndose éste como el de todos los ciudadanos, con la tutela judicial que requiere...".

La Mesa Social por el Agua está conformada por: Asociación de Consumidores de Lanzarote (Aculanza); Alternativa Ciudadana 25 de mayo (AC25M); Confederación General del Trabajo (CGT); Confederación Social y Vecinal de Canarias (COVEINCA); Comité de Empresa de los Centros Turísticos (CACTs); Frente Cívico de Lanzarote; Verdes Lanzarote; 15-M DRY; Partido Vecinos Unidos Lanzarote (VU Lanzarote); y Asociación Mesa Negociadora por las Viviendas.