La decisión del Ejecutivo canario de acogerse al fondo de rescate (eufemísticamente Fondo de Liquidez Autonómico) con una petición de 756 millones, profundizará en la dependencia de Canarias al Estado, perdiendo el archipiélago el reducido poder de decisión política del que actualmente dispone y en la práctica conllevará una intervención directa del gobierno del PP en las cuentas de Canarias, pudiendo imponer criterios políticos de inversión lo que pueden incluir recortes añadidos y complementarios en los servicios públicos y su trabajadores, mayor presión fiscal y mayores sacrificios a las clases populares de las islas.
Todo ello independientemente de los intereses que los canarios tendremos que pagar complementariamente al préstamo. En definitiva, contrariamente a lo afirmado por Paulino Rivero y su gobierno, a partir de esta operación, Canarias será más colonia y perderá su escaso nivel de soberanía. Nos convertiremos, por tanto, en un Protectorado Español y de la Troika (FMI, BCE y UE).
Tras las iníciales bravatas exigiendo a Madrid el pago de la acumulación de la deuda que el Estado tiene contraída con Canarias, cifrada por algunos en 2500 millones de euros, el gobierno, salvo alguna fanfarronería verbal, no ha ejercido presión real alguna sobre el gobierno de Rajoy en el objetivo de concluir con el agravio de la inferior inversión por habitante en Canarias frente a la media que reciben los ciudadanos españoles. Al contrario cada amenaza de Rivero y sus socios de gobierno del PSOE se convierte a las pocas horas en un gesto más de debilidad con un llamamiento a la concordia con el gobierno español.
Las circunstancias en la que se produce la solicitud de rescate no pueden ser peores, y de facto agravará más si cabe la situación social de la nación canaria y principalmente de las clases más desfavorecidas. Tras la desaparición de los fondos para el fomento de empleo, la rebaja de inversión en sanidad, educación y servicios sociales, la destrucción de empleos públicos, la desaparición de financiación para infraestructuras sociales y el fuerte descenso de los Presupuestos Generales del Estado con destino a Canarias, la situación social se hará insostenible.
Ante la gravedad de esta situación, de auténtica alarma social, y de generalización de pobreza, Intersindical Canaria valora como manifiestamente tímidas e insuficientes las protestas populares y laborales desarrolladas hasta la fecha en respuesta a los sucesivos embates de los ejecutivos español y canario. Por ello, estamos comprometidos en continuar impulsando movilizaciones y actos de protesta contra estas políticas que agreden los intereses de las clases populares.
Aparte de una corrección en su política social, Intersindical Canaria, reta al gobierno de Paulino Rivero y José Miguel Pérez a superar su cobardía política y unirse a las reivindicaciones populares y laborales planteadas por el conjunto de agentes sociales de Canarias y que próximamente se traducirá en la convocatoria de una protesta nacional canaria contra la política del gobierno del PP de la que, precisamente, el ejecutivo canario ha venido siendo cómplice. Una respuesta que reivindique la devolución de la deuda histórica, que pongan al día el funcionamiento de los servicios públicos y un sistema de financiación acorde con la media estatal que permita a los canarios acabar con los actuales y paupérrimos indicadores sociales.
De mantenerse la actual situación, Intersindical Canaria, como elemental cuestión de supervivencia, cree haber llegado el momento de la necesidad de promover una consulta popular para la autodeterminación del Archipiélago.