El Ministerio de Industria del Gobierno de España obliga a la ciudadanía, a las instituciones privadas y públicas de Lanzarote, Fuerteventura, o de cualquier otra isla canaria, a desplazarse físicamente a Las Palmas Gran Canaria para consultar en la Delegación del Gobierno el Estudio de Impacto Ambiental que desde hoy se expone a información pública.

De este modo, se vuelve a poner en evidencia que la imposición de las explotaciones petrolíferas frente a Lanzarote y Fuerteventura constituye no sólo una amenaza real para la conservación del territorio y para el sector turístico, sino un despropósito sistemático por las formas y la actitud con que se trata a la población canaria y a sus instituciones. El último ejemplo es precisamente la exposición pública del Estudio de Impacto Ambiental que Repsol ha realizado en el área de las prospecciones frente a las islas orientales, que ha salido hoy miércoles 31 de julio a la luz pública para que las instituciones y la ciudadanía pueda conocer los datos que la petrolera tiene sobre los impactos que sus perforaciones podrían generar en el medio natural de las islas. El subsecretario de Energía e Industria del Ministerio de Industria, Enrique Hernández Bento, sugirió hace dos meses en Fuerteventura que el estudio de impacto estaría disponible probablemente a la vuelta del verano y de las vacaciones, cuando en realidad lo han anunciado el último día de julio, es decir, haciendo coincidir el periodo de alegaciones con el mes de agosto.

Para el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, “es intolerable y una nueva falta de respeto a la población canaria que el Estado Español no facilite este Estudio en las islas que están más afectadas por este proyecto petrolífero, porque obliga a sus habitantes y representantes a desplazarse a Las Palmas, entre las 09:00 y las 14:00 horas, para poder leer un expediente que supera el millar de páginas”.

El anuncio oficial del Ministerio de Industria para la apertura de este plazo de consulta en Gran Canaria se publica hoy 31 de julio en el Boletín Oficial del Estado (http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/31/pdfs/BOE-B-2013-29831.pdf), tal y como se anunció en un acto del Partido Popular desde hace ya unas semanas.

El Cabildo de Lanzarote ha solicitado ya la suspensión de este proceso hasta que se habiliten sedes de consulta, como mínimo en Lanzarote y en Fuerteventura, pero también en el resto de las islas, ya que las explotaciones petrolíferas representan una amenaza ambiental no sólo para estas islas vecinas, sino para todo el conjunto del archipiélago. Tanto el Cabildo lanzaroteño como el majorero, han remitido esta mañana un escrito a la Delegación de Gobierno en Canarias pidiendo de forma urgente el acceso de esta información para toda la ciudadanía, a través de internet y de documento impresos en todas las islas. Ambos Cabildos exigen transparencia y facilidades mínimas para poder continuar trabajando en la defensa del territorio canario contra un proyecto sistemáticamente rechazado por numerosas administraciones, sectores empresariales y científicos, a causa de su alto nivel de riesgo.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, afirma que “Los defensores del proyecto petrolífero hablan mucho de transparencia, de que las cosas se harían bien y de que el proceso administrativo por el que nos pretenden imponer las prospecciones sería respetuoso con las lógicas preocupaciones de cientos de miles de personas que ven en este asunto una futura ruina de nuestro turismo y de nuestro medio natural. Y ahora, un día después de conocer que, para Repsol, la zona donde pretende perforar sólo alberga tres merluzas y un tiburón, nos obligan a los lanzaroteños y majoreros a viajar a Las Palmas para ver un documento que puede determinar la paralización del proyecto”.

El escueto anuncio que hoy publica el BOE siguiendo las indicaciones dadas por altos cargos del PP, reconoce explícitamente las autorizaciones para perforar en seis emplazamientos distintos con unas profundidades de 2.750, 3.500 (2 pozos), 3.650, 6370 y hasta 6.800 metros de profundidad total. A este respecto, el presidente de la primera Corporación insular explicó que “el Cabildo de Lanzarote no sólo presentará alegaciones elaborando un documento por parte de un equipo que lleva meses articulándose precisamente para este momento, sino que pondrá a disposición de toda la sociedad insular estas alegaciones para facilitar que los ciudadanos, los colectivos, las empresas y los ayuntamientos puedan suscribirlas y multiplicar así el número de alegaciones de rechazo a esta intolerable imposición del Gobierno español y de Repsol”.