la verdad de lanzarote

La Junta de Personal de los Servicios Sanitarios de Lanzarote, en representación de todos los profesionales que componen el equipo humano de esta institución, desea hacer pública su profunda preocupación ante las continuas quejas recibidas por parte de los trabajadores sobre diversas cuestiones que afectan gravemente a su labor y bienestar.

En la mañana de este miércoles, 6 noviembre, efectivos de la Policía Local de Tías han procedido al cierre al público de los accesos a la conocida y frecuentada Playa Chica del Puerto Del Carmen.

El pleno del ayuntamiento de Arrecife ha aprobado (por mayoría) "la clausura de la planta de tratamiento de residuos" que la empresa HORMICONSA CANARIAS SA tiene en funcionamiento en las inmediaciones del Cementerio de San Román. Asimismo han condenado a la empresa a una sanción de 15.001 euros por una INFRACCIÓN MUY GRAVE al "ejercer la actividad sin el preceptivo título habilitante". Todo ello se suma a la denuncia presentada por ADEY GALGUEN en la Fiscalía el pasado 15 de abril, por los presuntos delitos de "Desobediencia a la Autoridad Judicial (o similares), prevaricación y contra la Ordenación del Territorio".

Ha sido presentada una denuncia en el Juzgado, Fiscalía y la concejalía de Asuntos Sociales, solicitando que se investigue la presunta (siempre presunta) concesión de certificados de vulnerabilidad, a personas que “no tienen vulnerabilidad alguna”. Al mismo tiempo ha sido presentada una reclamación en la concejalía de Estadística, porque supuestamente “una funcionaria capitalina ha estado empadronando a personas en viviendas que ya están habitadas por sus legítimos propietarios”.

Fuentes de toda solvencia han asegurado que miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil) habrían iniciado una investigación "en determinados departamentos" del Ayuntamiento de Arrecife, en relación con "el no cumplimiento" de una sentencia del Juzgado de lo Penal nº 3 de Las Palmas, referente al derribo de "tres naves, una machacadora y una planta de fabricación de hormigón" de la comercial HORMICONSA.  Dichas actuaciones se derivan de las denuncias presentadas por el Colectivo ADEY GALGUEN, tanto en Fiscalía como en los Tribunales de Justicia.

Una vecina de Arrecife ha presentado una Queja en la Secretaría de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, contra el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Arrecife, por una presunta "vulneración del artículo 118 de la Constitución "Española", así como por una "violación del articulo 24.1" de la citada Carta Magna. Recalcando que UN AÑO DESPUÉS de que el citado juzgado decretase en SENTENCIA FIRME la devolución de su hogar (ocupado ilegalmente por otra persona), todavía NO SE HA EJECUTADO LA SENTENCIA. Peor aún, durante estos 12 meses de agónica espera, ha presentado varios Impulsos Procesales en sede judicial (incluso un escrito personal al propio juez Adalberto Correa), Y EL JUZGADO NO SE HA DIGNADO RESPONDER A NINGUNO.

En los últimos días se han registrado varias denuncias en la Unidad de Atención Ciudadana (UAC) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el “caótico funcionamiento” del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Arrecife. Mayormente por “la inexplicable tardanza” en ejecutar “un gran número” de sentencia firmes, algunas de las cuales con MÁS DE UN AÑO DE ESPERA.

Según fuentes de toda solvencia, el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Arrecife se encuentra envuelto en “el caos más profundo, con expedientes y sentencias firmes sin ejecutar” desde hace más de un año, y “montañas de papeles pendientes de la necesaria firma del Juez” atestando las mesas de los funcionarios y del propio secretario de la Administración de Justicia

La señora María Soledad G.A., muy conocida a nivel mediático tras haber OCUPADO ILEGALMENTE LA VIVIENDA  de la que es legítima titular Dolores María Campos Hernández (tal y como acreditan el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Arrecife en su sentencia 134/2022; y la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en la SENTENCIA FIRME 552/2023), ha vuelto a sufrir un nuevo tropiezo en los tribunales de justicia. Y es que en esta ocasión, mientras espera el desalojo de la casa en la que se halla de 'okupa', ha optado por denunciar a la propietaria (a nivel jurídico, mientras la justicia no dictamine lo contrario), acusándola de unas presuntas "amenazas"; haciendo extensiva su demanda incluso al secretario de la Comunidad de Vecinos, por una supuesta "coacción". Sin embargo, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Arrecife en su sentencia 193/2024 ha desestimado sus denuncias, alegando la total "falta de pruebas".

Dolores María Campos Hernández es una veterana trabajadora del Servicio Canario de Salud, que desde hace 33 años es propietaria de una vivienda de Protección Oficial en la zona residencial de Los Alonso, más concretamente en la calle Palencia. Y que hace “unos 3 años” decidió alojar a una amiga “temporalmente”, la cual con el tiempo (según denuncia) se había quedado con la casa, dejándola a ella en la calle… Los tribunales de justicia le han dado la razón a la denunciante hasta en dos ocasiones, pero justo en el momento en que se iba a proceder al desahucio de la demandada, el Instituto Canario de Vivienda ha pedido que se paralice el desalojo hasta que la presunta okupa “encuentre una casa en la que alojarse”.